Cómo estará el clima durante el fin de semana
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso extraordinario federal del exintendente y actual concejal de 25 de Mayo, David Bravo, en la causa en la que se lo investiga por "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en concurso ideal con peculado" cuando estaba a cargo del ejecutivo municipal hace más de 10 años.
Hernán Danzi, abogado de Bravo, presentó el recurso federal contra la disposición del STJ del pasado 3 de agosto que rechazó un recurso de casación donde cuestionaba que los delitos investigados ocurrieron en la Tercera Circunscripción Judicial y el tribunal que lo va a juzgar pertenece a la Primera Circunscripción. Pide que el juicio se haga en General Acha con jueces de la Tercera Circunscripción. Tanto el Tribunal de Impugnación Penal como el Superior Tribunal de Justicia rechazaron esa pretensión. Pero en esas idas y vueltas, el juicio ya se postergó dos veces.
Durante el 2022 el expediente estuvo en el STJ. El 29 de diciembre pasado la sala B del STJ, integrada por Fabricio Losi y Victoria Fresco, rechazaron el recurso extraordinario federal y ordenaron archivar las actuaciones.
El 3 de agosto, el STJ le había rechazado por "improcedente" el pedido de Bravo porque en resumidas cuentas todavía no hay sentencia definitiva ni una, "ni es una resolución que cause un agravio de imposible reparación ulterior".
El juicio se iba a realizar en mayo del año pasado, pero la defensa logró la suspensión del debate y la demora con las presentaciones ante el STJ. El Tribunal designado estaba conformado por Daniel Sáez Zamora, Alejandra Flavia Ongaro y Raúl Miguez Martin.
Ahora, es probable que la defensa de Bravo intente ir en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que demoraría aún más la realización del juicio.
Causa
El actual concejal por el Movimiento Popular Veinticinqueño había sido denunciado por tres concejales de la oposición, en 2012, por desvío de fondos.
La acusación está basada en que en noviembre de 2012, Bravo envió al Concejo Deliberante un proyecto de ley para que lo autoricen a firmar un convenio con la Cooperativa de Servicios Públicos de 25 de Mayo mediante el cual le iba a girar regalías hidrocarburíferas con el objetivo hacer obras públicas.
El CD lo aprobó con el apoyo de cinco ediles del Movimiento Popular Veinticinqueño y con el voto negativo de tres concejales del bloque Justicialista. Sin embargo, días después, los concejales opositores, Ricardo Poyo, María Pineda y José Bustos, hicieron una presentación en la Justicia.
Por un lado, señalaron que la aprobación era "irregular" porque, como sostiene la Ley de Municipalidades, no se había conseguido la mayoría especial de seis votos.
Por otro lado, la ordenanza también contradecía la misma ley al permitir el uso de fondos públicos sin que se ejerza el control desde la institución correspondiente, como es el Concejo Deliberante.
Prontuario
Bravo cumplió con una condena del año 2013 a siete meses de prisión en suspenso y 14 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de abuso de autoridad. Fue por la habilitación irregular del cabaret "El Rancho" donde "se cometieron graves delitos". La condena al exintendente fue confirmada en 2016 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una causa que fue un coletazo de otra más grave. La Justicia Federal había condenado en 2010 a Omar Javier Ulrich, dueño del cabaret "El Rancho", a cuatro años de prisión por el delito de "acogimiento o recepción de mujeres mayores de 18 años, mediando abuso de una situación de vulnerabilidad, agravado por haberse cometido en perjuicio de más de tres víctimas. Fue la primera condena por trata de personas de La Pampa. Por habilitar de forma irregular el cabaret de Ulrich, Bravo fue condenado.
En la actualidad, Bravo está siendo juzgado por el Tribunal Oral por un delito relacionado a la trata de personas, ya que no dispuso ninguna medida para cerrar el cabaret Venus luego de que se dictara una ordenanza en setiembre de 2010 que prohibía la actividad. Le imputan incumplimiento de deberes de funcionario público. En el juicio, está también acusada la dueña del local (Venus y Caribian funcionó como prostíbulo entre enero de 2011 y octubre de 2012 según la acusación), Nuris Caraballo, y el comisario Miguel Oyarce. Los alegatos de este juicio se escucharán el 3 de febrero próximo.
