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EL DIARIO digital
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El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de La Pampa salió a respaldar a la Corte Suprema de Justicia ante el pedido de juicio político que impulsó el gobierno nacional ante el fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires con más porcentaje de coparticipación y los chats que revelan los contactos entre el presidente del organismo, Horacio Rosatti, y el exministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro.
La organización que nuclea a los jueces pampeanos, y que encabeza la jueza Laura Beatriz Torres, hizo suya la postura según la cual la herramienta del juicio político debe reservarse para un caso "extremo y excepcional", que debe utilizarse "con la debida prudencia" y que las denuncias "no puede basarse en la disconformidad con el contenido de sus sentencias".
De esta forma, los magistrados pampeanos defendieron en forma corporativa a los jueces de la Corte y se diferenciaron, por ejemplo, del gobernador Sergio Ziliotto, uno de los once mandatarios provinciales que avaló la presentación y considera probada la "connivencia política" entre la Corte y el gobierno porteño para perjudicar a las provincias con el recorte de fondos coparticipables con destino al distrito más rico del país.
En realidad, los jueces pampeanos informaron a través de un comunicado que "hacen suyo" el contenido de un mensaje emitido el miércoles pasado por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), con motivo del pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación impulsado esta semana por el gobierno nacional.
En ese comunicado, primero aseguraron que la federación "trabaja por el fortalecimiento de la independencia judicial, garantía de los derechos de los/as habitantes de nuestro país". En segundo término, plantearon que "ante el pedido de juicio político a los integrantes de la CSJN, afirmamos que este mecanismo, previsto en la Constitución Nacional, es extremo y excepcional y que en el Estado Constitucional y Democrático de Derecho debe ser utilizado con la debida prudencia".
"Una acusación contra jueces/as no puede basarse en la disconformidad con el contenido de sus sentencias", alertó la federación de magistrados.
"Las potestades constitucionales de todos los Poderes del Estado deben ejercerse con respeto a los valores de la República, garantizando el debido proceso y la vigencia de la institucionalidad democrática", concluyeron.
En el pedido de juicio político a la Corte que se tratará en la segunda quincena de enero. Las acusaciones en contra de los ministros van desde «la violación de la Ley de Ética Pública» hasta el mal desempeño «a partir de decisiones que tienen que ver con la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26.080?, que rigió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante 16 años y que fue reemplazada, por decisión de la Corte, por la derogada ley 24.937.
A eso se le suma el reciente fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires para cobrar fondos de la coparticipación que fueron incrementados por Decreto durante el gobierno de Mauricio Macri del 1,40 por ciento al 3,75, una suba de más de dos puntos que Juntos por el Cambio justificó en el costo del traspaso de la Policía Federal al ámbito de la Ciudad; y que a poco de asumir Alberto Fernández retrotrajo a 2,32 por ciento, ya que iba en contra del resto de las provincias del país, alguna de las cuales se presentaron al pedido de juicio contra los jueces supremos por considerar que se trató de «un fallo político» a favor de Juntos por el Cambio.
