Una operación desaforada, basada en prejuicios y mentiras

La operación de prensa contra los fallos judiciales con perspectiva de género, orquestada en tándem por un aparte de la corporación de abogados y por la empresa "La Arena S.A.", se basa en prejuicios y mentiras, puesto que las propias cifras oficiales desmienten absolutamente la teoría de que los acusados por delitos sexuales o de violencia de género son automáticamente condenados.

Al contrario de esa tesis sostenida en el lobby agitado esta semana, en los últimos años ha descendido de manera notable el número de condenas a personas que son acusadas por ese tipo de delitos. En un artículo aparte hay números oficiales que demuestran esa realidad.

La manipulación informativa generó inquietud en los movimientos feministas, que quedaron apuntados como blanco predilecto en toda esa puesta en escena.

También se activó la preocupación e indignación en otras áreas que trabajan con esas problemáticas sensibles, como la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad; la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia y el Consejo Provincial de Niñez.

En esos ámbitos se evalúan posicionamientos, y en ese caso si es necesario o conveniente hacerlos públicos. Pero en principio tienen clara la idea de que lo que pretenden del Poder Judicial es más condenas y menos archivo de las causas.

Una de las lecturas es que la andanada corporativa y mediática tiende a desalentar las denuncias, que ya de por sí son dificultosas y complejas, como demostraron los últimos dos femicidios que se produjeron en Santa Rosa. La estigmatización por parte de la prensa y de profesionales del Derecho revictimiza a quienes soportan la violencia doméstica.

La desaforada ofensiva de la empresa que edita el diario La Arena también sorprendió a operadores del sistema judicial y a profesionales del medio, que aunque no fijaron posición pública frente al tema que se pretendió poner en agenda, en voz baja y en "off" se impresionan por la "berretada periodística", según la sintética expresión de un funcionario judicial.

Desautorizados

Los profesionales de la Abogacía que se pusieron la camiseta del planteo fueron José Mario Aguerrido, Sergio Fresco, Vanesa Ranocchia, Marcos Paz y Juan de la Vega. Aunque los colegios profesionales no son de expresarse ante la opinión pública, el de Magistrados y Funcionarios y el de Psicólogos consideraron la situación tan grave que formularon severas observaciones y aclaraciones.

La presidenta del Colegio de Magistrados Laura Torres insistió en su posicionamiento, porque además el medio que agita el tema tergiversó el documento de la entidad (ver aparte).

El Colegio de Abogados también desautorizó a los profesionales mediáticos, o al menos no intervino en su favor en el debate público que se disparó tras la operación de prensa.

El Diario intentó una consulta con la presidenta del Colegio, Susana Gemignani, pero prefirió no responder sobre el tema. Algunos de los propios abogados que se pusieron en el rol de víctimas ante una supuesta desigualdad, en otros expedientes también se convierten en querellantes y representan a las víctimas que denuncian delitos sexuales o casos de violencia de género.

Además, la problemática se presentó ante la opinión pública haciendo una especial mezcolanza de temas, hasta bastardeando -por ejemplo- una cuestión que viene debatiéndose desde hace tiempo, como la necesidad de darle autonomía a un Ministerio de la Defensa Pública.

Esa situación ha sido planteada en diversos ámbitos, con riqueza argumentativa, pero nada tiene que ver con esta ofensiva corporativa de un grupo de abogados y una empresa mediática en contra de determinados fallos con perspectiva de género.

Falsedades y prejuicios

Desde el empresariado periodístico, el director del periódico Leonardo Santesteban se cargó el tema al hombro y también desde las columnas radiales que sostiene en la emisora de la misma empresa exacerbó el ataque a la Oficina de la Víctima y a los fallos con perspectiva de género, en una prejuiciosa defensa de quienes han sido acusados de delitos sexuales o de violencia de género.

Una de las falsedades sostenidas de manera repetida es que cualquier denuncia por violencia de género basta para convertirse en una condena, un dato desmentido por las estadísticas y del que Santesteban tiene constancia personal: él mismo fue acusado por un delito de ese tipo, pero quedó libre de culpa y cargo.

Sin embargo, la operación de prensa machaca con una teoría según la cual hay una denuncia, profesionales de la Psicología la sostienen y la consideran válida e inmediatamente un juez o jueza dispone una condena. La realidad dista mucho de esa simplificación y está repleta de casos complejos.

En las últimas semanas el caso que en las mismas páginas se expuso con esa mirada (poniendo al victimario en el papel de víctima) es el que involucró al médico Jorge Rigutto, detenido por un caso de abuso sexual y defendido a capa y espada por la firma "La Arena S.A.".