La Pampa

Alegato popular: "Nos castigaron por pensar diferente"

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Este lunes por la mañana se desarrolló en el Aula Magna de la UNLPam un "alegato popular" organizado por las querellas en el tercer juicio de la Subzona 14. "Acá se está juzgando genocidas", destacó el cartel principal en el escenario.

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EL DIARIO digital

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"Nos castigaron por pensar diferente". La frase de las víctimas resumió el espíritu que intentaron transmitir este lunes fundamentalmente a las delegaciones de adolescentes y jóvenes de colegios secundarios de la ciudad que colmaron el Aula Magna de la UNLPam, para escuchar el alegato popular que formularon las querellas en el juicio de la Subzona 14 este lunes durante la mañana.

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En el inicio de la Semana de la Memoria, las querellas llevaron adelante una especie de clase pública, en el mismo lugar donde se desarrolla desde el año pasado, el tercer juicio a los represores pampeanos. Las querellas -que no pudieron alegar en el juicio por una cuestión burocrática y formal- eligieron realizar el alegato de todos modos, pero no dentro del debate, sino en forma pública. Destacaron como "simbólico" que pudiera hacerse en la universidad, una de las instituciones más golpeadas por la última dictadura.

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El alegato popular también se transmitió por You Toube a través del canal de la UNLPam. Las víctimas y querellantes, Raquel Barabaschi y Pinky Pumilla, el abogado Franco Catalani y la representante de las querellas, Ivana Barneix, encabezaron el panel. También acompañaron los militantes Víctor Giavedoni y Sergio Ibazeta y la rectora de la UNLPam, Verónica Moreno, que durante la jornada leyó la poesía del poeta Pablo Neruda, "Pido castigo".

El rescate de la memoria, la lucha de los colectivos perseguidos y la restitución de la identidad sobrevoló las distintas partes del alegato, como una forma de contrarrestar los efectos del proyecto social del genocidio cometido en la provincia entre 1975-1983.

subzona 14 alegatos popular en la unlpam 108La jornada abrió con la proyección de un video con el testimonio de algunas de las víctimas ya fallecidas, como María Tartaglia, Raúl Datri (h) y el escritor Edgard Morisoli. "Mi hija luchó por un ideal que creía justo. Yo la espero siempre", se escuchó a Tartaglia, que aguardó, en vano, toda su vida, saber dónde estaban su hija desaparecida, Lucia, y su nieta, que recién recuperó su identidad después de la muerte de su abuela.

Luego fue el turno de las palabras. También se proyectó una intervención del poeta Silvio Tejada, en la esquina de Buenos Aires donde asesinaron a Rodolfo Walsh. Además, el gremio docente, Utelpa, leyó un documento para reivindicar a las víctimas y la lucha de la CTERA -que se creó en 1973- por una educación como un derecho para el pueblo. Como cierre, se produjo un intercambio de preguntas y respuestas con los estudiantes presentes y un grupo de teatro hizo una intervención.

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"Juicios a pesar de la justicia"

El periodista Juan Carlos "Pinky" Pumilla cerró la parte de las alocuciones de los organizadores. Admitió que seguramente será su último juicio pero renovó el reclamo de que el tribunal declare como genocidio el terrorismo de estado en la provincia, algo que para las querellas "no será indiferente". El genocidio implica el reconocimiento de un plan sistemático de aniquilamiento de un grupo de personas.

"Es una sola muerte numerosa", citó al escritor Tomas Eloy Martínez, para describir lo sucedido en la época de la dictadura.

"Más allá de la sentencia, los juicios son el resultado de la prepotencia del trabajo de los organismos, de los familiares y de la militancia. Tenemos juicios pese a la participación del Poder Judicial. No es casual, emerge como resultante de una Corte de clase, del 2x1, que entre otras cosas permite 2.460 días de prisión de Milagro Sala", señaló en otra parte de su presentación.

"En la memoria, como redentora de la historia, tesoro de las luchas populares, y como muro de contención a las sociedades del olvido, están cifradas nuestras esperanzas", apuntó resaltó Pumilla, uno de los fundadores del Movimiento Por los Derechos Humanos en La Pampa, apenas recuperada la democracia. "Por esa memoria vamos al combate, por esa memoria estamos aquí", reivindicó.

"La memoria no es un ancla que nos sumerge en el pasado. Este futuro que tengo a mis ojos es el que me alienta a la sobrevida y por eso les doy las gracias", finalizó, con la mirada fija en los jóvenes que lo escucharon.

"Nuestra palabra es un derecho ganado"

En la parte formal del juicio, la fiscala Iara Silvestre hizo la semana pasada un pedido de penas de 25 y 20 años para los tres represores que quedan en el juicio. Sin embargo, como las querellas no pudieron alegar y solicitar pena, surgió la idea del "alegato popular" en el comienzo de la Semana de la Memoria.

La fiscalía pidió al final de su alegato que se le permita a las víctimas una última palabras, antes del veredicto, aunque el tribunal aún no respondió.

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"Este juicio se ha transformado en un juicio testimonial, ya que pedíamos Memoria, Verdad y Justicia, pero la justicia ya se va desdibujando porque de siete imputados que teníamos nos quedan tres", explicó Raquel Barabaschi, víctima y querellante en los tres juicios.

"Nuestra palabra en el juicio es un derecho ganado. Sin la lucha de Madres y Abuelas estos juicios no hubieran sido posibles", rescató. En ese mismo sentido, recordó que "había bastante resistencia para que los juicios se hicieran" y que se impulsaron "sobre todo por la memoria y la verdad, porque una de las batallas que ganamos fue contra el oscurantismo, decían que La Pampa había sido una isla y no había pasado nada".

"Fuimos 250 víctimas directas de detenciones y torturas en una provincia de 150 mil habitantes. Además, estuvieron las víctimas indirectas, y los cesanteados. La cantidad de víctimas fue superior a ciudades como Río Cuarto que nos triplicaban en cantidad de habitantes", comparó para esclarecer la dimensión de la represión que se descargó sobre la sociedad pampeana.

Barabaschi se encargó de destacar como "una clase magistral de historia" al alegato que pronunció la semana pasada en el juicio formal la fiscala Iara Silvestre. De todos modos, dijo, el alegato de este lunes "es popular y simbólico, es poder tener voz para comunicarle a ustedes quiénes éramos en aquella época".

"éramos chicos de entre 16 y 25 años, estábamos llenos de sueños, teníamos alegría, escuchábamos música, nos enamorábamos, lo que hacen ustedes hoy con total libertad. Nuestra obligación era luchar para que no pasar más lo que nos pasó a nosotros", dijo, emocionada.

Por otra parte, Barabaschi homenajeó la memoria de las 80 víctimas de la represión en la provincia que ya fallecieron. Y detalló los colectivos que fueron blanco de la represión, docentes, estudiantes, la comunidad de Jacinto Aráuz, la militancia política partidaria, los sindicalistas y los empresarios locales de la construcción, grupo al que se persiguió la empresa que tenía afuera de la provincia uno de los militare que intervino el gobierno provincial.

Además, la militante consideró que "es un mensaje muy fuerte y potente que esto se haga en la universidad" porque "también fue atacada y pasaron muchos años para recuperar una universidad participativa y con pensamiento crítico".

"En lo personal, mi dolor más grande es que mi universidad, la UTN de Pico, obrera y nocturna, cuyas paredes habíamos levantado los estudiantes, se perdió para siempre. Esa es una deuda y un gran dolor", confesó.

Barabaschi dijo que las víctimas que pudieron declarar en los juicios "se liberaron de una mochila muy pesada que llevaron durante muchos años". Y no dejó pasar por alto que las mujeres fueron doblemente víctimas, porque las castigaron porque se habían atrevido a estudiar carreras que supuestamente estaban reservadas para los varones, como ingeniería. Ligó esta situación al activismo actual de los feminismos.

"Hemos tenido momentos muy lindos en este camino y otros no tanto, pero hemos ido aprendiendo junto a los jóvenes que nos acompañaron. Lo que hicimos es un legado para ustedes, tenemos una democracia que tiene muchas deudas, pero nos permite seguir luchando, todos los derechos que se ganaron fueron a través de las luchas populares y en la calle", reflexionó.

Finalmente, manifestó su tristeza por la vuelta del FMI al país, después de que el golpe de los ''''70 fuera financiado y diseñado por Estados Unidos a través del Plan Cóndor. "Que todos ustedes estén aquí, es otra batalla ganada", cerró, de todas formas, esperanzada.

"Nos castigaron por pensar distinto"

En otro tramo del alegato popular de este lunes, desde Canadá y a través de zoom, brindó un sentido mensaje el médico Jorge Irazuzta, que sufrió la represión por trabajar en el Plan Provincial de Salud y tiene una hermana desaparecida, y permanece en ese país desde que se vio obligado a exiliarse del país en aquella época.

"Bajo la excusa de ser subversivos fuimos detenidos, yo pude salir y tuve que exilarme, por haber molestado al sector de los negocios de la salud", le dijo a la juventud que siguió su imagen desde una pantalla gigante en el escenario.

El profesional afirmó que el golpe "fue para detener todo proyecto que significara una mejoría para el campo popular". "Hoy en día todavía sufrimos la consecuencia, el estado tuvo que salir ante la pandemia porque los privados no se pueden hacer cargo de eso. Salud y Educación no pueden estar en manos privadas, que solo quieren lucrar", planteó.

Irazuzta también rescató el valor de que el juicio se desarrolle en la universidad. "Tenemos que luchar por una educación crítica, que enseñe a pensar, sin necesidad de usar agresiones", dijo. Y añadió: "A nosotros nos castigaron por pensar distinto. Todavía, a pesar de todos los logros de estos juicios, seguimos teniendo deudas muy grandes, y entre ellas que no fueron juzgados ni nombrados los autores intelectuales de este golpe. Son aquellos que tiraron la piedra y escondieron la mano. Son los mismos que imponen condiciones para que los gobiernos actuales no trabajen para el bienestar del pueblo".

"Sin memoria no va a haber presente ni futuro, nunca vamos a poder reconciliarnos", aseveró, como cierre y reconocimiento a la militancia que mantuvo vivo el reclamo de justicia durante décadas.

"Un juicio que sale de lo común"

El abogado querellante, Franco Catalani, contó que los procesos judiciales contra los represores en La Pampa comenzaron en 1984. "Este juicio sale de lo común, lleva 38 años, más de 200 víctimas y más de 20 imputados", historió. "Este juicio no se hizo para condenar pobres y analfabetos, sino para condenar a sectores muy poderosos, fuerzas armadas, policiales, en algunos casos jueces o empresarios de mucho poder", indicó.

"La militancia y la lucha popular puede transformar matrices muy profundas de la sociedad, tuvimos que dar muchas luchas", resaltó el profesional.

Catalani recorrió en tránsito desde las primeras denuncias, el freno de la ley de obediencia debida y punto final, los indultos de la década del ''''90, y finalmente la reapertura de los juicios entre 2003 y 2005. "Hemos ganado algunas batallas, hemos perdido otras, como la declaración del genocidio que aún está pendiente, porque esto fue un genocidio cometido por un colectivo contra otros colectivos", acotó.

Mencionó los tres juicios que se llevaron adelante en la provincia -el primero de 2010, el segundo en 2018 y el tercero a punto de culminar- y confió que están convencidos de que "no habrá cuarto, por distintas circunstancias". Finalmente, homenajeó la militancia de los colectivos de derechos humanos que no bajó nunca la bandera de pedir justicia.

"Una llama que no pudieron apagar"

El militante del Movimiento Pampeano de Derechos Humanos, Víctor Giavedoni, también tuvo su espacio en el alegato. "La dictadura quiso apagar la llama de una juventud que tenía una utopía imparable", dijo, para rescatar también el tesón de las organizaciones de derechos humanos en el país.

Giavedoni narró que en La Pampa el movimiento se conformó en 1983, con la visita del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que apenas un año después se presentó en la legislatura provincial un informe de una investigación realizada por Pinky Pumilla y Horacio Maldonado, con testimonios de las violaciones a los derechos humanos que se habían perpetrado durante los años de la dictadura.

"La Pampa no había sido una isla, hubo hechos aberrantes y la sociedad estaba aterrorizada", puntualizó.

"Hacemos valer el derecho a la verdad, saber qué pasó y por qué y para qué se hizo el terrorismo de estado. Eso permitirá defenderse de la reiteración de los hechos. En la sociedad hay un ''''Nunca más'''' muy presente, es un anticuerpo, hay una democracia que nos da la oportunidad de luchar para mejorarla, y no ser perseguido, torturado o secuestrado por pensar diferente. Explicamos el pasado para pensar en un futuro mejor", resumió el eje del movimiento.

Además, sostuvo que la dictadura cambió el modelo económico del país e hizo "añicos" los índices de distribución y bienestar de un estado "presente y con grandes logros" hasta ese entonces. "Para eso sirvió la dictadura, para imponer un modelo de país diferente. Por eso se ensañaron con algunos colectivos como el educativo, que tenían una pedagogía que no era autoritaria y pretendía tener lazos con la sociedad", completó.

"Un sistema inhumano que oprime"

A su turno, el dirigente del Partido Comunista, Sergio Ibazeta, reivindicó a la única organización política partidaria que se presentó como querellante en los juicios que se llevaron adelante en todo el país. Y expresó que están en contra "de un sistema inhumano" como el capitalismo, que oprime a la mayoría de la sociedad desde las corporaciones industriales, financieras y eclesiásticas, al que oponen como alternativa el socialismo.

Ibazeta -actual funcionario municipal en Santa Rosa- señaló que la represión se desató contra distintos sectores, entre los que no olvidó mencionar al peronismo, que fueron descalificados como "subversivos" solo por bregar por "la idea de un mundo diferente".

"La generación que recordamos tenía ideales, no solo se juntaban solo para cantar y bailar, que lo hacían y con alegría", aclaró. "Se juntaban para soñar con un mundo mejor, una sociedad diferente. Y eso lo advirtieron los grupos de poder, que tienen un dueño, que es el imperio norteamericano, y que vio que esta generación quería más derechos, más justicia, hablaba de un socialismo nacional. Eran ideas subversivas, peligrosas, y por eso instalaron en América Latina el Plan Cóndor, que se inauguró en Chile", detalló.

"Reivindicamos las causas populares, la necesidad de participar, y la lucha de una generación que peleaba por un mundo mejor, que veía que se podía construir de una manera colectiva y solidaria una sociedad diferente", concluyó.

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