Un pedido para la "preservación histórica de la verdad"

El Ministerio Público Fiscal fue más allá de lo habitual durante el alegato formulado en el tercer juicio por los delitos de lesa humanidad en la Subzona 14. Además de calificar delitos, pedir condenas y solicitar penas, el planteo ahondó en asuntos humanos y sobre el rol del Estado, no solo en aquella época sino a futuro.

Bajo la idea, justamente, de ir en contra del "país del olvido" y de generar acciones que tengan que ver con el porvenir, el alegato que en conjunto presentaron Miguel Palazzani, Iara Silvestre y Federico Iparraguirre reclamó acciones para la "preservación histórica de la verdad" y alertó sobre el severo daño a los "proyectos de vida" que implicó el accionar dictatorial.

También hay alusiones a la necesidad de "reparación". En el mismo sentido, el jueves se conoció el decreto provincial que, a tono con un fallo judicial de 2019, anuncia la reparación histórica a 531 personas que fueron prescindidas en la administración pública en La Pampa.

Facilitar la consulta

El alegato alertó que "un aspecto importante de este deber de recordar por parte del Estado es la necesaria preservación de los archivos, donde se encuentra información sobre las violaciones masivas a los derechos humanos y la adopción de las medidas pertinentes para facilitar la consulta a dichos archivos en interés de las víctimas y de sus familiares para hacer valer sus derechos y para favorecer la investigación histórica".

Por esa razón se solicita que se disponga la confección de un reservorio digital, de acceso irrestricto y gratuito a toda la sociedad de la prueba documental recolectada en la causa; no sólo para consulta de las víctimas "sino para conciencia y preservación histórica de la verdad".

El nombre de las víctimas

La Fiscalía también basó sus peticiones en lo que fue sugerido por las querellas, a quienes por ahora no se permitió alegar.

En el caso de los establecimientos educativos –escuela, colegio secundario, UNLPam– se pide que se disponga el nombramiento de aulas, salones o patios con el nombre de las víctimas que al momento de sus secuestros estudiaban o ejercían la docencia en esos lugares con expresa indicación de que fueron víctimas del terrorismo de estado, que posibilite el reconocimiento y la reflexión sobre la verdad histórica, y la promoción del estudio de los hechos sucedidos en nuestra provincia, constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos.

El alegato reclamó que se solicite a los Ministerios de Educación provincial y nacional, la incorporación de contenidos de Derechos Humanos en todos los espacios curriculares y carreras profesionales bajo su órbita.

También solicitó que se le pida al Gobierno de la Provincia y al Superior Tribunal de Justicia que en los exámenes de ingreso y ascenso en la administración pública y en la administración de justicia se incluyan contenidos en materia de DDHH.

Más Memoria

Se pide que se exhorte al Poder Ejecutivo provincial la constitución de espacios para la construcción y mantenimiento de la memoria en los centros clandestinos de detención y tortura cuya existencia se ha comprobado a lo largo de los tres juicios donde se juzgaron las violaciones a los DDHH cometidas en el ámbito de la Subzona 1.4.

Otra petición es reclamar al Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, la señalización -en un acto público al que puedan asistir las víctimas, sus familiares y la comunidad- de los pabellones de las Unidades 4 y 13 del SPF –en esta ciudad – y Unidad 6 del SPF –en Rawson- donde fueron alojadas las víctimas de los hechos juzgados, con expresa mención de sus nombres.

Otro planteo: que se solicite a los Poderes Ejecutivo y Legislativo Provincial que se realice una revisión integral de la legislación provincial para la derogación de todas aquellas normas jurídicas que hubieren sido emitidas durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar y, en su caso, su reemplazo por normas adoptadas de conformidad al procedimiento constitucional vigente.

Otra señalización

Se propone que se solicite a la UNLPam que se señalice al Aula Magna como el lugar donde se desarrolló el juicio. Y que se solicite al Gobierno de la Provincia de La Pampa, que digitalice, clasifique, publique y difunda, bajo diversas modalidades, toda la información generada en el marco del juicio, todo ello bajo resguardo del derecho a la intimidad de personas víctimas de hechos contra la integridad sexual.

También se pide que se requiera al gobierno de la provincia de la Provincia de La Pampa que adopte las medidas necesarias a fin de introducir la información generada en el Juicio, en los programas curriculares de la educación pública bajo su competencia.

El alegato solicitó al Tribunal que se inicie un proceso de gestión a través del funcionario que al efecto designe, para el seguimiento, monitoreo y ejecución efectiva de esa serie de medidas.