Abren dos pasos de circulación en la obra de la semipeatonal
La acusada dijo que la causa se trató de "una cuestión política" desde el PJ hacia la Intendencia. Y remarcó que se llegó hasta esta instancia por tratarse de "una mujer".
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EL DIARIO digital
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General Pico (Agencia) - El fiscal general, Armando Agüero, solicitó ayer la pena de un año y medio de prisión en suspenso y tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos contra la exintendenta de Realicó Roxana Lercari, quien esta semana fue juzgada por los delitos de "abuso de poder" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público". El fallo se conocerá el próximo 23 de noviembre.
Con la incorporación de prueba y los alegatos de clausura, finalizó ayer el juicio oral y público contra la ex jefa comunal de Realicó, por delitos que fueron denunciados entre los años 2016 y 2017. La Fiscalía mantuvo su acusación en los mismos términos con los que llegó al debate, mientras que la Defensa requirió la absolución de la mandataria radical.
El tribunal colegiado, presidido por la jueza de Control Nora Cristina Gómez, junto a María José Gianinetto y Carlos Federico Pellegrino, dará a conocer el fallo el próximo 23 de noviembre.
El fiscal general pidió que se condene a Roxana Lercari por los delitos de "abuso de autoridad" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público", en concurso real, para luego requerir un año y medio de prisión de ejecución condicional (el máximo previsto es de dos años) y tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos (el máximo es de cuatro).
Abuso de poder
Agüero consideró que, según la prueba documental recolectada y los testimonios recabados en el debate, Lercari incurrió en "abuso de poder" por dictar una resolución para fijar su sueldo y el de secretarios y directores municipales, y ejecutar la misma sin esperar que el Concejo Deliberante lo sancione con fuerza de ordenanza.
La ex jefa comunal también modificó la antigüedad a liquidar, que en su caso correspondía de cuatro años por su mandato anterior como concejal, pero le agregó 26 años de docencia, en contra de las normativas vigentes.
Cabe recordar que Lercari asumió en diciembre de 2015 y el 8 de enero de 2016 firmó la resolución cuestionada y la elevó al Concejo, pero el organismo deliberativo, que en ese entonces tenía paridad de ediles oficialistas y opositores, recién aprobó una ordenanza para sueldos en julio de 2016, instancia en la que no incluyó el tema antigüedad tal como lo pidió la intendenta por resolución.
Lercari y su equipo cobraron los aumentos durante esos seis meses, incurriendo en el delito de "abuso de autoridad", según considera la Fiscalía, porque los sueldos solo los puede determinar una ordenanza del Concejo Deliberante.
En todo caso, durante ese medio año -y hasta que resuelva el CD- la intendenta y sus colaboradores debieron percibir el mismo sueldo que los funcionarios de la gestión anterior.
Incumplimiento
En cuanto a la segunda acusación, la Fiscalía sostuvo que la ex jefa comunal cometió "incumplimiento de los deberes de funcionarios público", por firmar convenio con Gobierno Nacional (con Macri de presidente), sin solicitar permiso previamente al Gobierno de La Pampa, medida que el MPF considera violatoria del art. 151 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1597.
Lercari gestionó y firmó varios convenios con Nación para incorporar computadoras y mobiliario, la compra de un vehículo con rampa para transporte de personas con discapacidad, la instalación de una pileta climatizada, mantenimiento de edificios, mejoras para la Terminal de ómnibus y un sistema de cámaras de videovigilancia.
La Fiscalía de Estado de La Pampa denunció en 2017 la firma de dichos convenios, porque las leyes provinciales prohiben expresamente que las Municipalidades firmen convenios -sin previa autorización escrita- ya sea con Nación, bancos u otros organismos.
Defensa
El abogado Mariano Alomar pidió la absolución de su defendida por entender que Lercari actuó sin dolo. El defensor admitió que los hechos enrostrados a la exintendenta existieron, la documentación obrante no deja margen a duda, pero sostuvo que la radical realiquense avanzó en el tema sueldos y la firma de convenios sin intención de cometer un delito y pensando que actuaba bien.
También deslizó responsabilidades en los asesores de la ex jefa comunal, quienes podrían haberle advertido -y no lo hicieron- sobre la eventualidad de un delito. Mientras que reiteró la posición de una supuesta "inconstitucionalidad" en la ley provincial que prohibe la firma de convenios con Nación, al entender que afectaría la autonomía municipal, postura que ya descartó previamente el Superior Tribunal de Justicia.
Al finalizar el debate, Lercari hizo uso de la palabra y se victimizó. Insistió en que todo se trató de "una cuestión política" desde el Partido Justicialista hacia la Intendencia, pero también remarcó que se llegó hasta esta instancia por tratarse de "una mujer".
