Abren dos pasos de circulación en la obra de la semipeatonal
Este jueves deberán declarar el exsecretario de Asuntos Municipales Fito Calvo y funcionarios de Realicó. Para la jornada de este viernes se esperan los alegatos.
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EL DIARIO digital
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General Pico (Agencia) – Sigue en los Tribunales de Pico el juicio oral y público contra la exintendenta de Realicó Roxana Lercari, acusada de los delitos de "abuso de autoridad" e "incumplimiento de deberes de funcionaria pública". El debate continuará este jueves con los últimos testigos y el viernes se escucharán los alegatos.
El tribunal colegiado a cargo de las audiencias está integrado por Carlos Pellegrino, María José Gianinetto y Diego Ambroghetti. El fiscal general Armando Agüero lleva adelante la acusación, mientras que la defensa de Lercari la ejerce el abogado santarroseño Mariano Alomar.
En la primera jornada de debate se escucharon los alegatos de apertura y luego se dio paso a la declaración de testigos, aunque previamente las partes acordaron desistir de la participación de algunos.
A pedido de la Fiscalía, declararon tres concejales justicialistas, José Cayuqueo, Roberto Ferrando y el expresidente del Concejo Deliberante Claudio Gareis. Los concejales del PJ fueron quienes denunciaron en noviembre de 2016 que Lercari aumentó sueldos y estableció antigüedades que no correspondían, sin la autorización del legislativo de Realicó, que derivó en la acusación por "abuso de autoridad".
También prestó declaración el contador público Silvio álvarez, quien realizó la pericia contable a pedido de la Fiscalía. Y por último lo hizo el ex fiscal de Estado de La Pampa, José Vanini, quien en marzo de 2017 radicó la denuncia por "incumplimiento de los deberes de funcionario público", a raíz de los convenios que Lercari firmó con Nación sin la previa autorización de Provincia.
Los dos delitos por los que se acusa a la ex jefa comunal norteña prevén multas que van desde los 250 a 12.000 pesos, inhabilitación para ejercer cargos públicos y prisión en suspenso hasta 2 años.
Sueldos y antigüedad
La causa por "abuso de autoridad" se originó a partir que Lercari al asumir como intendenta decidió aumentar su sueldo, el de secretarios y directores municipales en un 30% y así lo ejecutó.
Esta decisión sería violatoria de los artículos 66 y 80 de la Ley Provincial Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento nro. 1.597, que establece que las remuneraciones del intendente y los funcionarios no podrán ser aumentadas durante el período, salvo por ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante.
Pero, además, la jefa comunal modificó la antigüedad a liquidar, también a contramano de las ordenanzas de Realicó, disparándose así la suma total que cobraba ella y algunos de sus funcionarios. Según entiende la Fiscalía, Lercari debía cobrar con una antigüedad de cuatro años por su función previa como concejal, cuando lo que hizo fue sumar otros 26 años como docente, lo mismo que hizo con algunos colaboradores directores.
En esta acusación, la defensa Lercari traslada la responsabilidad de su ex Asesora Letrada de la Municipalidad, Saucedo, quien le habría dado el ok para armar las resoluciones, y responsabiliza por otra parte a quien hizo los cálculos, el ex secretario de Finanzas de Realicó.
Convenios
En cuanto al delito de "incumplimiento de los deberes de funcionarios público", la exintendenta es juzgada por varios convenios que firmó con el ex Gobierno de Cambiemos, sin solicitar permiso previamente al Gobierno de La Pampa, medida que sería violatoria del art. 151 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1597.
Lercari gestionó y firmó varios convenios con Nación para incorporar computadoras y mobiliario, la compra de un vehículo con rampa para transporte de personas con discapacidad, la instalación de una pileta climatizada, mantenimiento de edificios, mejoras para la Terminal de ómnibus y cámaras de videovigilancia.
La Fiscalía de Estado denunció en su momento la firma de dichos convenios sin haber pedido autorización por escrito a Provincia. Las normativas provinciales prohíben que las Municipalidades firmen convenios –sin previa autorización- ya sea con Nación, bancos u otros organismos, para evitar que el Gobierno Provincial quede expuesto a demandas, o cubrir llegado el caso el mantenimiento de gastos de un Municipio en caso de que incurra en mora y el otro organismo firmante tome la coparticipación municipal como pago de lo adeudado.
La defensa de Lercari dice que la intendenta le avisó verbalmente a Verna, que no lo hizo de manera maliciosa y que desconocía la ley. También reiteró cuestiones de inconstitucionalidad en cuanto a la autorización de Provincia porque afectaría la autonomía municipal, aunque dicho argumento ya fue rebatido el Superior Tribunal de Justicia antes de llegar a juicio. Y en su momento también demandó que el juicio se sustancie en Capital Federal, porque allí se firmaron los convenios, cuando la Fiscalía entiende que el problema no es la firma del convenio,. sino la violación de una ley de la provincia de La Pampa.
El debate continuará hoy con la declaración –a pedido de la Fiscalía- del exsecretario de Asuntos Municipales Fito Calvo. Mientras que a solicitud de la defensa lo harán los exsecretarios de Gobierno y de Finanzas de Realicó, el contador como perito y un policía.
