La eficiencia de lo público y una espera intolerable

Una de cal…

La llegada de otros 13 colectivos que se suman a la flota del Ente Municipal de Transporte Urbano (EMTU) se celebró como una buena noticia por la gestión comunal, pero también en general entre vecinos y vecinas de la capital pampeana, que perciben de manera concreta una capitalización de la empresa estatal encargada de prestar ese neurálgico servicio.

No se trata más que de un paso que resultaba obvio en la puesta en marcha de la empresa municipal, pero no puede ignorarse que -en un contexto en el que no han faltado sospechas arrojadas al viento y acusaciones en base a situaciones menores- la empresa contratada para la adquisición de los colectivos está cumpliendo con el compromiso de que los micros estén en la ciudad antes del fin de este mes.

Faltan algunos de los coches que completarán la flota y que permitirían, por fin, que el servicio se ponga cabalmente a la altura de las necesidades vecinales, con el regreso de una serie de actividades que ahora están paralizadas, o suspendidas, o funcionando muy parcialmente a raíz de las restricciones que impone la pandemia.

Es a la vez una reafirmación de que las políticas públicas pueden darle al Estado participación activa y concreta en servicios que en otras épocas han estado en manos privadas, también bajo el reinado de un sentido común que naturaliza la ineficiencia del Estado e interpreta que los grandes negocios los deben hacer particulares o sociedades anónimas.

El Gobierno Municipal tiene en ese sentido derecho a golpearse el pecho para destacar su propia voluntad política, puesto que fue a fondo y a muy poco de asumir para lograr esa estatización, del mismo modo que es justo reconocer el respaldo de otros actores políticos, incluso desde la oposición, y que ya antes habían manifestado su acuerdo con esta estrategia.

Esa presencia estatal en la vida comunitaria fue en la semana que se fue parcialmente recuperada por el municipio frente a otro tema: ante una nueva manifestación de residentes en el asentamiento El Nuevo Salitral, las autoridades comunales eligieron esta vez la vía del diálogo, aceptaron un encuentro con representantes de vecinos y vecinas, y propusieron la activación de una mesa de diálogo.

Se trata de una mirada diferente del conflicto que la que habían expresado anteriormente las autoridades locales, cuando pusieron en primer plano su aparente imposibilidad de intervención, ya que -adujeron- no tenían soluciones a mano, como si una problemática tan profunda y que necesita abordaje desde tantas dimensiones se agotara en cuestiones administrativas o formales.

Con esta nueva metodología para tratar el tema, y aunque las personas manifestantes hayan mostrado descontento con la respuesta, el municipio luce más a la altura de una circunstancia que también requiere del posicionamiento del Estado provincial y otros actores de la política pampeana, porque el asunto de fondo es el desigual reparto de la tierra.

…y una de arena…

Transcurrido un año de aquel fallo que le puso números al caudal del río Atuel que debe ingresar en la provincia para que cese el año ambiental, nada se modificó en esa situación, por lo que en realidad el escenario es aun peor para el desertificado territorio pampeano.

La Corte Suprema de Justicia dijo entonces que debían ingresar a La Pampa 3,2 metros cúbicos por segundo, de acuerdo a los estudios que se solicitaron para esa determinación específica y más allá de lo que cada provincia consideró oportuno.

El mismo organismo judicial advirtió entonces que si las jurisdicciones involucradas -La Pampa, Mendoza y también la Nación- eran incapaces de acordar una salida conjunta para la concreción de ese objetivo, sería la propia Corte la que determinaría los pasos a seguir y sus metodologías.

La Pampa, su población y su ambiente siguen esperando.

Por eso se escuchó la voz y un muy puntual reclamo por escrito ante la Corte en nombre de una organización nutrida y representativa, con la participación de más de 50 agrupaciones que decidieron conformar esa Coordinadora Pampeana para la Defensa de los Ríos y el Ambiente.

Aunque pueda sonar exagerado, y tal como plantearon referencias de esa entidad, la situación pone en ridículo al país y al propio funcionamiento institucional.

Después de largos años de debate, tras una demanda prolongada que involucró a distintas jurisdicciones, el órgano judicial máximo toma una medida que sin embargo la propia realidad relativiza, por acción y omisión de una de las provincias, que obra a su antojo como ha sido tradicional frente a la problemática hídrica interprovincial.

El silencio, la inacción y la pasividad de los organismos nacionales se vuelven inaceptables a medida que los diálogos en los órganos de cuenca se transforman en meros maquillajes que dilatan la cuestión central.

Para completar ese panorama, es la misma provincia la que pretende avanzar ahora sobre el otro recurso hídrico que le queda a La Pampa, el río Colorado, puesto que insiste con la idea de concretar Portezuelo del Viento, incluso con maniobras inverosímiles (¿de qué otro modo considerar el "descuento" de 200 millones de dólares que se hicieron para la construcción de la obra?).

No se pueden cargar tintas sobre Mendoza, en cambio, cuando el río Colorado es noticia local en base al agua que transporta el acueducto, que en estos días de invierno como en pleno verano, a cualquier hora del día y en cualquier momento de la historia, sufre daños, roturas y desperfectos, fruto de las deficiencias en la construcción, la corrupción que gestó ese emprendimiento y las miradas distraídas de la inspección.