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El edil del PRO, que habitualmente sostiene un bajo perfil público, salió a cuestionar tanto el acuerdo por la Terminal de Ómnibus como el guiño de Nación a la empresa que quiere construir Portezuelo del Viento.
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EL DIARIO digital
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El período preelectoral ya está andando. Aunque se hayan postergado las elecciones, las fuerzas políticas hacen su juego, sabiendo que este año hay comicios legislativos.
En ese contexto, el concejal del PRO Marcelo Guerrero, que habtiualmente cultiva un relativamente bajo perfil público, salió esta semana a elevar su tono de oposición.
Eligió dos temas: la decisión de que un estudio de arquitectura no pampeano haga el proyecto de la Terminal de ómnibus y el nuevo posicionamiento del Estado nacional en la empresa que pretende construir Portezuelo del Viento.
Respecto del concurso por la terminal, que agitó el Colegio de Arquitectos en queja por la decisión del gobierno provincial, Guerrero dijo: "Considero esta decisión fuera de lugar, dado que la obra anunciada unos meses atrás, es muy esperada por los y las profesionales pampeanas. Son un equipo de buen nivel, que bien podrían desarrollar el proyecto, aportando conocimiento, innovación y funcionalidad al proyecto".
"Siendo que es una discusión de muchos años, por la que se había anunciado un corcurso de anteproyectos, pone en duda el verdadero motivo de la urgencia de la contratación", apuntó y anunció que presentará en el Concejo Deliberante una iniciativa que exprese la "disconformidad" por lo actuado y la "necesidad de facilitar canales de comunicación para llegar a un acuerdo, siempre reconocimiendo la labor de las y los pampeanos".
Guerrero también cuestionó el Aporte del Tesoro Nacional de $200 millones para Mendoza. Con ese dinero, la provincia adquiere acciones de la empresa IMPSA, preseleccionada para la construcción de Portezuelo del Viento.
"Manifiesto mi disconformidad, en cuanto existe un pedido del COIRCO a la Corte Suprema de Justicia, que solicita la realización de un estudio integral de impacto ambiental", dijo.
"Además hablamos de compra de acciones por parte del Estado Nacional y provincial. Me pregunto: ¿estamos ante una estatización de la empresa?. Sabemos lo caro que es, a la provincia, la cuestión de los ríos y la utilización de sus aguas, bregamos entonces por los derechos de los y las pampeanas", concluyó.
