El Gobierno consolida su gestión financiera: renovó el 103% de los vencimientos y liberó $1,7 billones al mercado
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EL DIARIO digital
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La flamante legislación impulsada por el gobernador bonaerense permite a los jefes comunales reasignar los recursos del Impuesto Inmobiliario Rural hacia trabajos hídricos, una decisión que generó el repudio inmediato del sector agropecuario.
En el marco del impacto generado por el fenómeno climático conocido como El Niño, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, promulgó la Ley 15.688. La normativa otorga a los intendentes la facultad de destinar hasta la totalidad de los fondos provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural —que originalmente se reservaban para la conservación de la red vial rural— hacia la ejecución de trabajos hídricos.
La disposición, oficializada este martes 10 en el Boletín Oficial, autoriza a emplear dichos recursos (ya sea coparticipados o transferidos bajo la Ley 13.010) en tareas de drenaje pluvial, limpieza y dragado de canales, arreglo o ampliación de alcantarillas, trabajos de defensa y adquisición de maquinaria hídrica.
De acuerdo con la norma, esta habilitación posee carácter excepcional y regirá por un plazo de 180 días corridos contados desde su publicación, extendiéndose de este modo hasta los primeros días de mayo de 2027.
Actualmente, el esquema de distribución de lo recaudado por el tributo inmobiliario rural contempla un 65% para el Poder Ejecutivo provincial, un 12% destinado al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, un 3% para el Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales y Saneamiento Ambiental, y un 20% que se gira a los municipios como retribución por la administración del impuesto.
El proyecto original pertenece al senador de Unión y Libertad, Sergio Vargas, y tuvo como propósito dotar de mayores herramientas a los intendentes para llevar adelante labores críticas de infraestructura hídrica sin acotar su accionar exclusivamente al mantenimiento de los caminos rurales.
No obstante, la normativa aclara que esta reasignación representa una «facultad» y no una imposición para los distritos. De esta manera, cada administración comunal tendrá la potestad de decidir si redirecciona el dinero para hacer frente a la emergencia o si conserva el destino original en los caminos rurales, los cuales arrastran graves deterioros a causa del clima reciente.
El rotundo rechazo del sector agropecuario
Desde la vereda enfrente, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) había manifestado su tajante oposición a la iniciativa al calificar como «inadmisible» la quita de fondos destinados a la red vial del campo.
«Resulta inadmisible quitarles recursos a caminos rurales que hoy están en condiciones desastrosas y necesitan más inversión, no menos», sostuvo la entidad en un comunicado oficial.
La organización, adherida a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), cuestionó además la gestión fiscal de los municipios:
«Los municipios ya recaudan importantes sumas a través de la tasa vial y, aun así, los caminos siguen deteriorándose. Antes de avanzar sobre los recursos destinados específicamente a su mantenimiento, corresponde exigir que los fondos existentes se administren correctamente y se utilicen para el fin previsto».
Asimismo, desde Carbap advirtieron que la solución a las demandas hídricas no debe hallarse a costa de otra infraestructura fundamental:
«Si las obras hidráulicas necesitan más recursos, deben buscarse otras fuentes de financiamiento. No se puede resolver una necesidad desfinanciando otra infraestructura esencial».
Por último, la entidad ruralista criticó el desempeño legislativo previo y la celeridad con la que se aprobó la medida:
«Durante casi todo el año, la Legislatura bonaerense permaneció casi sin sesionar y ahora, en apenas 15 días, diputados y senadores de todas las fuerzas políticas avanzan para quitar recursos destinados a caminos rurales que están en estado crítico».
