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EL DIARIO digital
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El organismo internacional determinó el próximo sábado 28 de noviembre como fecha tentativa para dar a conocer su decisión en torno al proyecto Sea Lion, tras concluir las audiencias en Hamburgo.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) informó que el sábado 28 de noviembre comunicará, de forma tentativa, su resolución sobre la solicitud de la Argentina para frenar el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, impulsado por firmas vinculadas al Reino Unido en aguas próximas a las islas Malvinas.
El anuncio fue realizado por el presidente del organismo, Maurice Kamga, al concluir este miércoles la segunda y última jornada de audiencias en Hamburgo, Alemania, espacio donde delegaciones de la Argentina y del Reino Unido presentaron sus respectivas posturas ante los magistrados internacionales.
La determinación se emitirá luego de una etapa de deliberación en la cual el Tribunal evaluará la procedencia de dictar medidas provisionales orientadas a paralizar las tareas petroleras, en paralelo a la continuidad del procedimiento arbitral que resolverá el fondo del diferendo.
Aunque desde la administración nacional se aguardaba una definición más veloz, incluso con plazos dentro de la misma semana, el organismo internacional fijó un lapso extendido para sopesar los argumentos de ambas partes.
Los ejes del reclamo argentino
La comitiva argentina, liderada por Mario Oyarzábal, requirió que el Reino Unido detenga las nuevas perforaciones y el montaje de infraestructura asociada al proyecto Sea Lion, localizado en la Cuenca Malvinas Norte.
La presentación también comprende la solicitud de impedir nuevas autorizaciones para la explotación de recursos en la plataforma continental en litigio y asegurar la preservación del ecosistema marino.
Durante las audiencias, la representación nacional indicó que el procedimiento no apunta a resolver la soberanía sobre las Malvinas, sino a resguardar los derechos consagrados por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
En esa línea, el experto Marcelo Kohen, miembro de la defensa argentina, sostuvo que el Tribunal cuenta con facultades para dictar medidas preventivas sin expedirse sobre la controversia territorial que sostienen ambas naciones.
La postura del Reino Unido
Por su parte, la representación británica solicitó el rechazo total de los planteos formulados por Buenos Aires.
Los portavoces del Reino Unido argumentaron que el reclamo argentino se vincula directamente con la soberanía insular y cuestionaron la jurisdicción del Tribunal para actuar en este escenario.
Asimismo, manifestaron la inexistencia de un escenario de urgencia que amerite la suspensión del proyecto, bajo el argumento de que las perforaciones no se iniciarían antes del 21 de marzo de 2027 y la extracción comercial de petróleo se proyecta para 2028.
En contrapartida, la Argentina alertó que aguardar hasta el comienzo de las operaciones podría acarrear efectos irreversibles y anular la eficacia de las medidas preventivas.
Impacto ambiental y antecedentes de las empresas
El análisis de los riesgos ecológicos derivados de la extracción de hidrocarburos en el Atlántico Sur constituyó otro de los pilares de la argumentación nacional.
La delegación oficial advirtió sobre la posibilidad de derrames de crudo, las complejidades operativas ante contingencias con condiciones climáticas adversas y los perjuicios potenciales sobre aguas internacionales.
En contraposición, la defensa británica afirmó que los estudios de impacto ambiental del proyecto estiman como poco probables los accidentes de gran escala.
El debate abarcó además discrepancias vinculadas a los antecedentes de las compañías operadoras —Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration— y al alcance de los mecanismos de prevención previstos.
Próximos pasos en el litigio internacional
El pronunciamiento anunciado para el 28 de noviembre será clave para dilucidar si el Tribunal considera imperioso imponer restricciones temporales a la iniciativa petrolera.
Los jueces tendrán la potestad de aceptar de manera total o parcial las medidas requeridas por la Argentina, dictar otras disposiciones preventivas o denegar el petitorio, según el análisis jurídico y ambiental correspondiente.
Dicho fallo no resolverá el diferendo por la soberanía de las islas Malvinas, sino que se circunscribirá a definir la procedencia de medidas urgentes mientras se constituye el tribunal arbitral encargado de juzgar el fondo del litigio.
De esta manera, la Argentina y el Reino Unido aguardan el dictamen internacional en el marco de la puja por la administración de los recursos naturales en el Atlántico Sur.
