Giro político en Brasil: el partido de Jair Bolsonaro acató el triunfo de Lula pero mantiene reparos
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
El Ministerio de Economía rubricó convenios con cámaras empresarias y plataformas tecnológicas para intensificar los controles sobre mercadería ilegal. La iniciativa contempla el intercambio de datos para detectar irregularidades en rubros clave y proteger a la industria formal.
Con el propósito de erradicar el contrabando y detectar anomalías en la comercialización de artículos importados, la administración nacional concretó acuerdos estratégicos junto a las principales cámaras empresarias y plataformas de comercio electrónico. El plan prioriza la fiscalización sobre cinco rubros específicos: celulares, notebooks, cosméticos, juguetes y neumáticos, sectores donde el Ministerio de Economía intensificará la búsqueda de mercadería ingresada al territorio nacional por vías ilegales.
Gracias a estos convenios, firmas como Mercado Libre, Meta, Frávega y Cetrogar suministrarán datos vinculados a los principales oferentes de dichos artículos. Posteriormente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) procesará esta información con el fin de hallar inconsistencias y posibles faltas a la ley, cuyas consecuencias podrán incluir el decomiso de los productos, la paralización de su venta y la participación de la justicia.
Esta decisión responde a los reiterados planteos del sector industrial frente al avance de la competencia desleal, impulsada principalmente a través de redes sociales y plataformas digitales. Informes de la Unión Industrial Argentina (UIA) indican que seis de cada diez empresas fabriles padecen los efectos del comercio irregular, mientras que cuatro de cada diez sufren esta problemática en los canales de venta online.
Desde la entidad empresaria calculan que el circuito ilícito abarca cerca del 5% del PBI y ocasiona un perjuicio fiscal de US$ 2.300 millones cada año. De este modo, la industria —un sector que sostiene 1,2 millones de puestos de trabajo formal y aporta más de una cuarta parte de la recaudación impositiva nacional— busca potenciar los mecanismos de control sobre aquellos productos que compiten con la producción local sin cumplir con las exigencias tributarias y regulatorias correspondientes.
Por su parte, la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) estimó que durante el corriente año el comercio clandestino generará un bache fiscal de US$ 3.000 millones y la pérdida de aproximadamente 11.000 empleos. "Hoy, uno de cada tres celulares que ingresa en la Argentina no ingresó legalmente y no se fabricó en el país", advirtió la directora ejecutiva de la entidad, Ana Vainman, a principios de mes en declaraciones a TN.
Articulación público-privada y fiscalización
La Secretaría de Industria, Comercio y PyME, dependiente del Ministerio de Economía, formalizó las rúbricas con la UIA, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara de Importadores (CIRA), Afarte y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).
El esquema operativo se basa en la cooperación informativa entre el Estado y los privados para reconocer vendedores y transacciones dudosas. En el caso particular de Meta, la compañía asumió el compromiso de dar de baja aquellos perfiles y sitios denunciados en Instagram y Facebook, al tiempo que el resto de las plataformas facilitará registros sobre los mayores comercializadores de las categorías seleccionadas.
Todas las tareas se llevarán adelante amparadas en el Protocolo de Vigilancia de Mercado, validado mediante la Resolución 56/2026, normativa que fija los parámetros para supervisar el acatamiento de los estándares de seguridad, información y calidad de los bienes ofertados en el país.
Adicionalmente, las compañías estarán obligadas a desarrollar campañas informativas dirigidas a sus proveedores y vendedores para concientizarlos sobre las normativas vigentes, poniendo especial énfasis en la trazabilidad y el origen de la mercadería.
El entendimiento sellado con la UIA, que lleva las firmas de su presidente, Martín Rappallini, y del secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, contempla inspecciones en comercios físicos junto con herramientas destinadas a descubrir maniobras de contrabando, falsificación marcaria y productos que no se ajusten a la reglamentación.
"El comercio ilegal destruye empleo formal, evade impuestos y pone en riesgo a los consumidores. La industria, que cumple con todas las normas, no puede competir con productos que ingresan o se venden por fuera de la ley", sostuvo Rappallini.
El malestar de los industriales abarca asimismo el funcionamiento del sistema de importaciones. En este sentido, la UIA propuso reevaluar las pautas de los envíos por courier, optimizar la fiscalización sobre mayoristas y centros logísticos, e incorporar soportes tecnológicos orientados a identificar prácticas de subfacturación.
Como parte de la ejecución, el pacto prevé una agenda de trabajo semestral, acompañada por revisiones trimestrales sobre las denuncias presentadas y los resultados obtenidos. Del mismo modo, el dispositivo contempla la incorporación de organismos tales como la Aduana, Defensa de la Competencia, la ANMAT, el SENASA y distintas fuerzas federales de seguridad.
