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EL DIARIO digital
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Los sindicatos de profesores y trabajadores nodocentes de la UBA ratificaron una masiva movilización hacia los Tribunales para el 15 de octubre y un cese de actividades por cinco semanas, tras rechazar la última propuesta salarial del Ejecutivo.
Los sindicatos de docentes y nodocentes universitarios oficializaron la realización de una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 15 de octubre, como respuesta directa al fracaso de las tratativas salariales mantenidas con el Poder Ejecutivo. En simultáneo, se programó un cese de actividades escalonado que abarcará 23 días distribuidos a lo largo de cinco semanas.
La manifestación tendrá como punto de llegada el Palacio de Tribunales. Esta protesta constituirá la quinta Marcha Federal Universitaria desde el comienzo de la administración de Javier Milei y la segunda programada para el transcurso de 2026.
El anuncio fue formalizado por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) junto con la Asociación del Personal de la UBA (APUBA). Ambas entidades expresaron su descontento con el desenlace de la reunión paritaria llevada a cabo en el Palacio Pizzurno.
Claves del conflicto paritario y el plan de lucha
Oferta oficial rechazada: La Secretaría de Educación propuso un incremento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, idéntico porcentaje que ya había sido desestimado a principios de mes.
Demanda sindical: Los gremios exigen una actualización de haberes del 32,5%, enmarcada en lo estipulado por la Ley de Financiamiento Universitario 27.795.
Duración del paro: Las medidas de fuerza se desarrollarán de manera rotativa durante cinco semanas, comenzando el lunes 21 de septiembre.
Desde ADUBA y APUBA criticaron lo que calificaron como un "incumplimiento sistemático de la Ley de Financiamiento Universitario". El cronograma de paros rotativos afectará a distintas unidades académicas y dependencias según el siguiente esquema:
Primera semana: Rectorado, Medicina, FADU, Farmacia y Bioquímica e Ingeniería.
Semanas posteriores: Ciencias Exactas y Naturales, el Centro Cultural Rojas, Ciencias Económicas, Derecho, Odontología, Psicología, Ciencias Sociales, el Colegio Nacional de Buenos Aires, Filosofía y Letras, Veterinarias, el CBC, Agronomía y los hospitales universitarios, entre otras áreas.
"En democracia la ley se cumple", afirmó el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, al cuestionar la postura del Gobierno y remarcar que no debe haber discrecionalidad en la aplicación de las normativas.
El frente judicial y la postura institucional
La controversia posee además un fuerte trasfondo legal. La Ley 27.795 motivó diversas presentaciones y medidas cautelares en la justicia. En junio, la Corte Suprema ratificó un fallo que obliga al Estado nacional a cumplir los artículos 5 y 6 de dicha legislación, los cuales regulan la recomposición de sueldos para el personal docente y nodocente, así como otros puntos del presupuesto universitario.
Bajo este escenario, las instituciones académicas reclaman que la administración central ejecute el ajuste salarial estipulado legalmente. Concretamente, la UBA insiste en que se reconozca el 32,5% necesario para compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada.
En la misma línea, el secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci, exigió que el Ejecutivo acate la Ley de Financiamiento Universitario y los fallos judiciales que ordenan su cumplimiento.
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó sus reclamos y alertó sobre la crítica situación financiera que enfrentan las casas de altos estudios en todo el país. A esto se suma la advertencia planteada en las últimas semanas sobre la posible afectación del inicio del ciclo lectivo 2027 en caso de persistir la falta de acuerdos presupuestarios y salariales.
