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EL DIARIO digital
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La Casa Rosada retiró el capítulo más resistido de la iniciativa para asegurar los votos necesarios. El oficialismo apuesta a conseguir la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con un texto recortado.
El Gobierno nacional dio un paso atrás en uno de los puntos más controvertidos de su agenda legislativa y decidió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que modificaba la Ley de Tierras. La decisión busca destrabar el tratamiento en el Senado y garantizar los apoyos necesarios para aprobar la iniciativa.
La marcha atrás se produjo luego de intensas negociaciones entre el oficialismo y bloques dialoguistas, encabezadas por la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, junto a representantes de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales.
Con la eliminación del apartado sobre la venta de tierras rurales a extranjeros, la Casa Rosada considera que quedaron despejadas las principales diferencias políticas y asegura contar con los votos suficientes para avanzar durante la sesión prevista para este jueves.
Aunque desde el Ejecutivo evitaron revelar el número exacto de adhesiones, sostienen que el escenario es ahora mucho más favorable para obtener la media sanción.
El capítulo eliminado era el principal foco de conflicto. En su versión original proponía eliminar las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y, posteriormente, el Gobierno había reformulado la propuesta para elevar del 15% al 25% el límite permitido por provincia. Ninguna de las alternativas logró reunir el respaldo necesario.
Con ese tema fuera del debate, el proyecto conserva varios de los ejes que el oficialismo considera prioritarios.
Entre ellos figura una reforma al régimen de expropiaciones, que endurece las condiciones para que el Estado pueda declarar un bien de utilidad pública, obligando a justificar la medida bajo criterios de necesidad y proporcionalidad.
La iniciativa también actualiza el sistema de indemnizaciones, incorporando mecanismos de ajuste por inflación, intereses y, en determinados casos, el reconocimiento del lucro cesante.
Otro de los cambios relevantes apunta a acelerar los desalojos de inmuebles urbanos y rurales mediante procedimientos judiciales más ágiles, con plazos reducidos para la restitución de las propiedades.
Además, el proyecto modifica la Ley de Manejo del Fuego al eliminar las restricciones que impedían cambiar el uso de campos o bosques afectados por incendios, aunque mantiene las obligaciones de recomposición ambiental.
La propuesta también incorpora la digitalización de los registros inmobiliarios para agilizar trámites y facilitar el intercambio de información entre las distintas jurisdicciones del país.
La atención ahora está puesta en la sesión del Senado. Para habilitar el debate será necesaria la presencia de al menos 37 legisladores y, una vez alcanzado el quórum, el proyecto podrá aprobarse por mayoría simple de los presentes.
Si obtiene media sanción, la iniciativa continuará su recorrido en la Cámara de Diputados, mientras el Gobierno ya analiza impulsar en el futuro una reforma específica sobre la Ley de Tierras, esta vez por separado.
