El Gobierno activó un operativo nacional ante el avance de El Niño y puso en alerta a las provincias
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EL DIARIO digital
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El oficialismo introdujo cambios de último momento al proyecto sobre la compra de tierras por extranjeros con el objetivo de sumar votos de bloques dialoguistas. La iniciativa será debatida esta semana en una sesión clave para la Casa Rosada.
El Gobierno nacional salió a negociar contrarreloj para asegurar la aprobación de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y aceptó modificar uno de los puntos más cuestionados del proyecto: el régimen para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La encargada de conducir las negociaciones fue la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien incorporó varios cambios reclamados por legisladores aliados con la intención de reunir los votos necesarios para sancionar la iniciativa durante la sesión prevista para este jueves.
El proyecto, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, ya cuenta con dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, aunque acumula 16 modificaciones desde su presentación y no se descarta que vuelva a sufrir nuevos ajustes durante el debate en el recinto.
La principal discusión gira en torno a la reforma de la Ley de Tierras. La propuesta original eliminaba prácticamente todas las restricciones para la compra de campos por parte de ciudadanos y empresas extranjeras, una idea que despertó fuertes cuestionamientos tanto dentro del oficialismo como entre los bloques dialoguistas.
Como resultado de las negociaciones, el nuevo texto mantiene un límite del 25% de tierras rurales por provincia en manos extranjeras. Además, establece que cada operación deberá contar con la autorización conjunta del Poder Ejecutivo Nacional y del gobierno provincial correspondiente.
La legislación vigente fija actualmente un tope del 15% de tierras rurales por jurisdicción y establece límites de superficie para cada comprador extranjero, restricciones que el Gobierno pretende flexibilizar.
Otra de las modificaciones incorporadas prohíbe que personas jurídicas con participación estatal extranjera —ya sea directa o indirecta— puedan adquirir tierras rurales, salvo que obtengan la autorización de la Nación y de la provincia donde se encuentre el inmueble.
El proyecto también obliga a inscribir todas las operaciones en los registros inmobiliarios provinciales, donde deberá quedar asentada la nacionalidad del comprador.
Los cambios buscan acercar posiciones con sectores del PRO, la Unión Cívica Radical y partidos provinciales, cuyos votos resultan decisivos para el oficialismo.
Sin embargo, dentro del radicalismo persisten diferencias que mantienen abierto el resultado de la votación. Algunos senadores responden a la postura de sus gobernadores, mientras otros expresaron reparos sobre el impacto de la iniciativa en materia de soberanía y administración de los recursos naturales.
La resistencia también llegó desde varias provincias. El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció que enviará un proyecto a la Legislatura provincial para impedir que las tierras fiscales puedan venderse a personas o empresas extranjeras y limitar su adjudicación a ciudadanos argentinos.
En paralelo, el interbloque de Unión por la Patria ratificó su rechazo al proyecto y organizó una conferencia junto a dirigentes peronistas para cuestionar la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei. También anticipó su voto negativo la senadora cordobesa Alejandra Vigo, quien sostuvo que "ningún país serio cede su territorio productivo sin restricciones".
Con un escenario legislativo muy ajustado, el oficialismo continúa negociando modificaciones para evitar una derrota en el Senado, donde cada voto puede resultar determinante para el futuro de una de las reformas que el Gobierno considera estratégicas.
