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EL DIARIO digital
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La Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional el decreto impulsado por el presidente Donald Trump que buscaba restringir el acceso a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes nacidos en territorio estadounidense.
Con esta decisión, el máximo tribunal dejó sin efecto una de las iniciativas migratorias más controvertidas del mandatario y ratificó la vigencia de un derecho consagrado en la Constitución de ese país desde hace más de 150 años.
Un derecho protegido por la Constitución
El fallo se apoyó en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, incorporada en 1868 tras la Guerra Civil para garantizar la ciudadanía a los esclavos liberados y que, desde entonces, reconoce como ciudadanos estadounidenses a todas las personas nacidas o naturalizadas en el país y sujetas a su jurisdicción.
Los jueces consideraron que el decreto presidencial vulneraba esa garantía constitucional, por lo que resolvieron impedir su aplicación.
Qué proponía el decreto de Trump
La medida había sido firmada por Trump al inicio de su mandato y establecía que los hijos de personas que permanecieran en Estados Unidos de manera irregular o con visas temporarias dejarían de obtener automáticamente la ciudadanía estadounidense al nacer.
La iniciativa generó un fuerte rechazo de organizaciones de derechos civiles, especialistas en derecho constitucional y fiscales estatales, que promovieron diversas demandas judiciales.
La Justicia ya había frenado la medida
Antes de llegar a la Corte Suprema, el decreto había sido bloqueado por al menos cuatro tribunales federales, que coincidieron en señalar que la iniciativa era incompatible con el texto constitucional.
Con la resolución definitiva del máximo tribunal, quedó firme la invalidez de la medida impulsada por la Casa Blanca.
Miles de familias alcanzadas
De acuerdo con estimaciones difundidas durante el proceso judicial, la restricción habría afectado a unos 150.000 niños que nacen cada año en Estados Unidos de padres que no poseen ciudadanía estadounidense.
El fallo representa un nuevo revés judicial para la política migratoria impulsada por Donald Trump y reafirma la vigencia del principio de ciudadanía por nacimiento, uno de los pilares históricos del sistema constitucional estadounidense.
