Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
Durante una entrevista en el programa La Mañana de la Radio, conducido por el Dr. Jorge Nemesio y Eduardo Villada en LU100 Radio Capital, Villa explicó los alcances de la exposición que realizó en la audiencia pública convocada para analizar el proyecto impulsado por el fideicomiso vinculado al Santa Rosa Rugby Club, iniciativa que busca modificar el uso de suelo en una zona considerada estratégica para el abastecimiento de agua potable de la ciudad.
Aclaraciones sobre Villa Pampa
Uno de los primeros puntos que aclaró el letrado fue la frecuente confusión existente respecto de un proyecto urbanístico denominado Villa Pampa.
Según explicó, el emprendimiento que en su momento analizó la Caja Forense de La Pampa no se encontraba ubicado sobre el antiguo autódromo de Santa Rosa, sino en un predio rural lindero adquirido posteriormente por la institución.
Asimismo, señaló que aquel proyecto nunca llegó a concretarse ni cuenta actualmente con una reactivación formal.
"Fue un expediente que quedó sin resolverse y nunca tuvo una resolución definitiva", indicó.
"Hay que analizar cada proyecto"
Villa remarcó que la legislación vigente no prohíbe de manera absoluta cualquier desarrollo urbano dentro del área vinculada al acuífero.
"No es que está prohibido hacer cualquier cosa en esa zona. Lo que hay es una serie de condicionamientos establecidos por la normativa de Recursos Hídricos", explicó.
En ese sentido, sostuvo que cada iniciativa debe ser evaluada individualmente y cumplir con los requisitos técnicos, ambientales e hidrológicos exigidos por los organismos competentes.
Entre esos requisitos mencionó estudios hidrogeológicos, evaluaciones de impacto ambiental, planes de saneamiento, análisis de densidad urbana y otras condiciones que permitan determinar si una urbanización resulta compatible con la protección del acuífero.
La intervención obligatoria de la Provincia
Durante la entrevista, Villa coincidió con otros expositores en que cualquier decisión sobre estos proyectos requiere necesariamente la participación del Gobierno provincial.
Explicó que el Concejo Deliberante tiene competencia para analizar cambios de uso del suelo, pero aclaró que la intervención de la Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa es obligatoria debido a que se trata de un recurso natural cuya administración corresponde a la Provincia.
"La Provincia sí o sí tiene que intervenir por medio de la Secretaría de Recursos Hídricos", afirmó.
Además, recordó que las provincias poseen el dominio originario de los recursos naturales, principio reconocido tanto por la Constitución Nacional como por la normativa provincial.
Cumplir la norma, la clave del debate
El representante de la Caja Forense insistió en que el eje de la discusión no debería ser si la urbanización es posible o imposible en términos absolutos, sino si el proyecto cumple efectivamente con todas las exigencias establecidas.
"No queremos una afirmación de que se puede hacer cualquier cosa sin restricciones ni tampoco decir que no se puede hacer nada. Es una cuestión de cumplimiento de la normativa vigente", sostuvo.
En esa línea, explicó que el corredor donde se proyecta el desarrollo ya fue definido años atrás como área urbanizable por el Código Urbano Ambiental de Santa Rosa, decisión que contó con aprobación unánime del Concejo Deliberante.
Por ello, consideró que la discusión actual debe enfocarse en determinar si el fideicomiso impulsor del proyecto cumple o no con los requerimientos técnicos, ambientales e hidráulicos establecidos por los organismos competentes.
Una mirada jurídica sobre el conflicto
Villa destacó que la participación de la Caja Forense en la audiencia tuvo como objetivo aportar una visión jurídica basada en antecedentes y normativa aplicable, sin pronunciarse específicamente sobre la conveniencia urbanística del proyecto.
"La cuestión es analizar proyecto por proyecto y verificar el cumplimiento de todas las exigencias legales y técnicas", resumió el abogado, quien sostuvo que el debate debe desarrollarse dentro de los marcos institucionales previstos por la legislación vigente.