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EL DIARIO digital
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El Gobierno nacional informó que expulsó a 14.000 ciudadanos extranjeros durante los últimos seis meses en el marco de una política de control migratorio que combina operativos fronterizos, tecnología biométrica y procedimientos de identificación en distintos puntos del país.
El anuncio fue realizado por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien sostuvo que las medidas forman parte de una estrategia orientada a reforzar la seguridad y garantizar el cumplimiento de la legislación migratoria vigente.
Quiénes integran el universo de expulsados
Según detalló la funcionaria, la cifra incluye distintos tipos de casos detectados durante los controles realizados por las fuerzas federales.
Entre ellos figuran:
Personas con antecedentes penales.
Individuos con alertas rojas de Interpol.
Ciudadanos con impedimentos legales para ingresar al país.
Extraditados.
Extranjeros que intentaron ingresar o permanecer en territorio argentino de manera irregular.
A través de sus redes sociales, Monteoliva resumió la postura oficial con un mensaje contundente: "Argentina está abierta para quienes vienen a trabajar, invertir y respetar la ley. Quienes no lo hacen, no tienen lugar".
Una cifra que muestra una aceleración
El número informado representa un incremento significativo respecto de los datos difundidos por el propio Ministerio meses atrás.
A fines de enero, la cartera de Seguridad había reportado cerca de 5.000 casos entre expulsiones, inadmisiones, capturas y extradiciones registradas durante los primeros meses de aplicación de los nuevos controles.
Ahora, el Gobierno asegura haber alcanzado los 14.000 procedimientos vinculados a ciudadanos extranjeros en situación irregular o con antecedentes que impedían su permanencia en el país.
Tecnología y controles reforzados
La estrategia oficial no se concentra únicamente en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos.
Durante los últimos meses, efectivos de la Policía Federal Argentina realizaron procedimientos en ferias, centros comerciales y espacios de alta circulación para verificar documentación migratoria y antecedentes.
Uno de los operativos más relevantes se desarrolló en la feria de Villa Celina, en el partido bonaerense de La Matanza.
Allí fueron identificadas 458 personas, de las cuales 369 eran extranjeras.
Para las verificaciones se utilizó el sistema biométrico Morpho RAPID ID, una herramienta portátil que permite contrastar datos personales con bases oficiales en tiempo real.
La información fue cotejada con registros de:
Dirección Nacional de Migraciones.
Sistema Federal de Comunicaciones Policiales.
Sistemas nacionales de antecedentes y control migratorio.
Como resultado, se detectaron 16 personas en situación migratoria irregular, quienes fueron intimadas a regularizar su condición.
Además de migración, delitos comerciales
El operativo en Villa Celina también permitió detectar presuntas infracciones comerciales.
Los investigadores encontraron:
Mercadería falsificada.
Ropa con marcas apócrifas.
Teléfonos celulares denunciados como robados y bloqueados por ENACOM.
Durante el procedimiento se secuestraron decenas de productos y quedaron detenidos cuatro ciudadanos bolivianos por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 3 de Morón.
El mensaje político detrás de la medida
La difusión de estas cifras se inscribe en una política migratoria más estricta impulsada por la administración de Javier Milei, que desde el inicio de su gestión puso el foco en el control de fronteras y en la expulsión de extranjeros con antecedentes penales o situaciones migratorias irregulares.
Desde el Gobierno sostienen que la combinación de tecnología, controles territoriales y coordinación entre organismos permitió alcanzar niveles de detección sin precedentes.
Mientras tanto, la política migratoria continúa generando debate entre quienes respaldan el endurecimiento de los controles y quienes reclaman garantías para evitar vulneraciones de derechos en los procedimientos de fiscalización.
