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EL DIARIO digital
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Tras más de dos años de enfrentamientos políticos, movilizaciones masivas, paros docentes y una extensa batalla judicial, el Gobierno nacional y las universidades públicas alcanzaron finalmente un acuerdo que busca poner fin a uno de los conflictos más prolongados de la gestión de Javier Milei.
La propuesta consensuada contempla una recomposición salarial del 24,33% para docentes y no docentes universitarios, compuesta por un incremento del 21,33% a partir de junio y otro 3% adicional en octubre. Además, incluye refuerzos presupuestarios para becas, hospitales universitarios y gastos de funcionamiento.
El entendimiento fue formalizado este miércoles en el Palacio Sarmiento durante una reunión encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, junto a representantes gremiales y autoridades universitarias.
Según el acta firmada por las partes, la actualización salarial busca compensar el desfase acumulado durante 2025, ajustar los haberes de acuerdo con la inflación registrada hasta mayo de 2026 y sumar una recomposición adicional del 7% vinculada a la pérdida del poder adquisitivo registrada en 2024.
El acuerdo que destrabó una crisis histórica
La negociación se desarrolló durante las últimas semanas y permitió acercar posiciones luego de un largo período marcado por fuertes tensiones entre el Ejecutivo y el sistema universitario.
Desde abril de 2024, cuando una multitudinaria marcha federal reunió a cientos de miles de personas en defensa de la educación pública, el conflicto se convirtió en uno de los principales focos de confrontación entre el oficialismo y la comunidad académica.
Durante ese tiempo se sucedieron clases públicas, tomas de establecimientos educativos, semanas de paro, movilizaciones nacionales, debates parlamentarios, vetos presidenciales y una disputa judicial que terminó llegando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Más fondos para hospitales y becas
El acuerdo no se limita a la cuestión salarial.
El Ministerio de Economía autorizó una partida extraordinaria de 800.000 millones de pesos destinada al sistema universitario y confirmó una serie de refuerzos específicos.
Entre ellos se destacan:
50.000 millones de pesos adicionales para hospitales universitarios.
Un aumento del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades.
Un incremento del 50% en las becas Manuel Belgrano, dirigidas a carreras estratégicas.
Sin embargo, no se incluyó una actualización para las becas Progresar, uno de los reclamos planteados por distintos sectores estudiantiles.
Asimismo, el Gobierno se comprometió a convocar nuevas negociaciones paritarias cada tres meses para revisar la evolución salarial según la inflación.
Los gremios celebran, pero mantienen los reclamos
Desde la Federación de Docentes de las Universidades destacaron que la propuesta representa un avance significativo luego de 18 meses de pérdida salarial y de la falta de convocatorias a negociaciones formales.
No obstante, los sindicatos aclararon que el conflicto no está completamente cerrado.
Varios gremios remarcaron que continuarán reclamando el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario y una recuperación total del salario perdido desde el inicio de la actual gestión.
Entre las organizaciones que respaldaron el acuerdo figuran la CONADU, CTERA, FATUN, UDA y FAGDUT. La única entidad que no firmó fue la Conadu Histórica.
Una crisis que dejó miles de renuncias
Uno de los datos más preocupantes que dejó el conflicto fue el impacto sobre la planta docente.
Según cifras del Consejo Interuniversitario Nacional, alrededor de 10.000 docentes abandonaron las universidades públicas durante este período, impulsados por la pérdida de poder adquisitivo y la falta de actualizaciones salariales.
En algunas instituciones, como la Universidad de Buenos Aires, las renuncias alcanzaron niveles alarmantes en facultades estratégicas como Ingeniería, Ciencias Exactas, Agronomía y Veterinaria.
Con la firma del acuerdo, ambas partes buscan dejar atrás una disputa que dominó gran parte del debate educativo y político argentino durante los últimos años. Sin embargo, la causa judicial vinculada al financiamiento universitario sigue abierta y varios sectores anticipan que la discusión de fondo todavía está lejos de concluir.
