Bolivia al borde de otra crisis: ordenan capturar a Evo Morales y sus seguidores amenazan con una "insurgencia"
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EL DIARIO digital
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La situación judicial de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo incómodo. El juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito que empieza a escalar en los tribunales federales.
La medida apunta a reconstruir el origen de los fondos utilizados para solventar viajes al exterior, compras inmobiliarias y otros gastos que, según la investigación, no terminarían de cerrar con los ingresos declarados por el actual jefe de Gabinete.
La orden judicial había sido emitida en marzo, pero en las últimas horas tomó fuerza luego de conocerse detalles sobre movimientos patrimoniales y gastos realizados desde que Adorni desembarcó en el Gobierno nacional, primero como vocero presidencial y luego como una de las figuras más cercanas al presidente.
En la causa aparecen mencionadas dos propiedades: una ubicada en el barrio porteño de Caballito y otra en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según testimonios y documentación incorporada al expediente —entre ellos tickets y facturas aportadas por testigos— las adquisiciones y consumos investigados se habrían producido durante su paso por la administración nacional.
Pero la investigación no quedó únicamente en el patrimonio familiar. Lijo también ordenó revisar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, amigo de Adorni y compañero de viaje durante el último feriado de Carnaval en un vuelo privado hacia Punta del Este.
El foco sobre Grandio no es casual. Su productora, ImHouse, cerró contratos con la Televisión Pública, área que depende de la estructura de comunicación bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
Según fuentes judiciales, el análisis de llamadas y comunicaciones buscará determinar el vínculo entre Grandio, Adorni y Horacio Silva, quien figura como responsable formal de la productora involucrada.
Mientras el Gobierno intenta bajarle el tono al expediente, en Comodoro Py empiezan a mirar con más atención una trama donde aparecen vuelos privados, contratos estatales, propiedades y un nivel de gastos que ahora deberá ser explicado ante la Justicia.
