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EL DIARIO digital
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a causa que expone el costado más tenso de la represión estatal entra en una etapa clave. El fiscal Eduardo Taiano pidió elevar a juicio oral el expediente contra el cabo primero Héctor Jesús Guerrero por haber herido gravemente al fotoperiodista Pablo Grillo durante una marcha de jubilados frente al Congreso.
El dictamen es directo: el accionar fue "abusivo" y "desproporcionado", y generó un riesgo concreto para la vida de quienes estaban en la protesta.
El disparo que marcó la causa
El hecho ocurrió el 12 de marzo de 2025, en medio de un operativo de seguridad que terminó fuera de control. Según la investigación, Guerrero realizó al menos seis disparos con una pistola lanzagases en un lapso de veinte minutos.
Uno de esos tiros —identificado a las 17:18— impactó en la cabeza de Grillo. Las consecuencias fueron extremas: fractura de cráneo, pérdida de masa encefálica y secuelas neurológicas que hoy condicionan su vida cotidiana y su capacidad laboral.
Uso de la fuerza bajo la lupa
Los peritajes son un punto central del caso. Determinaron que los disparos se realizaron en forma antirreglamentaria, con un ángulo horizontal prohibido para ese tipo de armamento, lo que incrementa de manera drástica el riesgo de lesiones graves o letales.
Para la fiscalía, no existía una situación que justificara ese nivel de intervención. Además, se remarca que el gendarme contaba con la capacitación necesaria para conocer los protocolos y límites en el uso de la fuerza.
Cargos y posible escenario judicial
Guerrero llega a esta instancia imputado por:
Lesiones gravísimas agravadas por su condición de integrante de una fuerza de seguridad
Abuso de armas agravado en cinco hechos
El avance a juicio oral abre una etapa donde se pondrán en discusión no solo los hechos, sino también el encuadre legal y la responsabilidad individual.
Un caso que excede a un solo acusado
Más allá de la situación puntual, el expediente instala una discusión incómoda: los límites del accionar policial en manifestaciones sociales. La calificación de "irracional" y "desproporcionado" utilizada por la fiscalía deja abierta la puerta a cuestionamientos más amplios sobre los operativos de seguridad.
El juicio no solo definirá la situación del gendarme. También puede convertirse en un caso testigo sobre cómo se interpreta —y se controla— el uso de la fuerza en contextos de protesta.
