ARCA lanzó una alerta por estafas vinculadas a compras en SHEIN y Temu
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
Una auditoría interna encendió una bomba dentro del sistema de compras del Estado. El Gobierno nacional detectó presuntos sobreprecios millonarios y maniobras irregulares en adquisiciones realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad durante 2025, con diferencias de precios que, en algunos casos, superan el 4000%.
El informe, elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, analiza compras de sillas de ruedas, andadores, prótesis e insumos médicos y advierte sobre "desvíos injustificables" respecto de los valores de mercado.
Uno de los datos más impactantes menciona un andador adquirido con una diferencia del 4239% frente a un producto equivalente. También se detectaron sillas de ruedas compradas con sobreprecios superiores al 2000%, además de facturaciones millonarias por equipamiento cuyo valor de referencia era varias veces menor.
El documento ya fue incorporado a una causa judicial que investiga un presunto fraude multimillonario dentro de la Andis y que tiene bajo la lupa a funcionarios, empresarios y proveedores del sector médico.
Entre los nombres apuntados aparece Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, aunque desde su entorno aseguran que no existen pruebas que lo vinculen directamente con las maniobras investigadas.
El relevamiento oficial, fechado el 10 de abril y firmado por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, examinó 37 facturas correspondientes a seis proveedores que recibieron pagos por más de 18.100 millones de pesos.
La empresa más beneficiada habría sido Farma Salud, que concentró cerca de 7900 millones de pesos en contrataciones. Su socio mayoritario, Osmar Mariano Caballi, ya fue citado a declaración indagatoria.
Otras firmas mencionadas en el expediente son Artrobone, Bymax Medical, Cirugía y Ortopedia Imnova, Expo Trauma y Ortopedia Bernat.
Según el informe, en algunos casos se pagaron hasta 19 millones de pesos por sillas de ruedas cuyo valor estimado rondaría apenas 1,27 millones.
La investigación también pone el foco sobre el sistema de compras Siipfis, utilizado para agilizar contrataciones públicas. La hipótesis judicial sostiene que habría sido manipulado para restringir la competencia y direccionar negocios hacia determinados proveedores mediante procesos supuestamente simulados.
El fiscal Guillermo Picardi considera que existió un mecanismo coordinado para beneficiar empresas de manera ilícita. En total, ya fueron convocadas a indagatoria 49 personas entre funcionarios, empresarios y operadores vinculados al expediente.
La causa continúa avanzando y podría sumar nuevas pruebas en las próximas semanas, especialmente a partir del análisis de audios incorporados al expediente judicial. En el Gobierno aseguran que los hallazgos encontrados son apenas "preliminares", pero el volumen de las diferencias detectadas ya transformó el caso en uno de los escándalos más sensibles dentro del área de Discapacidad.
