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EL DIARIO digital
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El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, volvió a quedar en el centro de un escándalo judicial de alto voltaje. Este martes se presentó en los tribunales de Comodoro Py, pero su paso fue breve y silencioso: se negó a declarar y ni siquiera dejó un escrito de descargo.
La causa investiga un presunto esquema de contratos direccionados, sobreprecios y maniobras irregulares que habrían generado un desvío de fondos públicos por más de 76 mil millones de pesos.
Spagnuolo llegó cerca de las 9.30 de la mañana, permaneció menos de media hora en los tribunales y se retiró sin hacer declaraciones, a bordo de una camioneta. Su estrategia fue clara: silencio absoluto.
Pero el expediente sigue hablando.
Un nuevo circuito de corrupción bajo la lupa
La investigación está encabezada por el fiscal federal Franco Picardi, quien detectó lo que definió como un nuevo circuito de corrupción dentro de la ANDIS, con maniobras que habrían beneficiado a "un reducido grupo de empresarios" mediante compras públicas millonarias.
Según el requerimiento fiscal, se trata de operaciones articuladas entre funcionarios públicos y proveedores de insumos de alto costo que implicaron una erogación de aproximadamente 75.478.149.019 pesos provenientes del Estado.
Picardi sostuvo que esas maniobras permitieron direccionar adjudicaciones previamente acordadas, favoreciendo a empresas vinculadas entre sí y con funcionarios del organismo.
Spagnuolo ya estaba procesado
El dato más pesado es que esta no es la primera vez que el exfuncionario enfrenta a la Justicia.
Spagnuolo —exfuncionario libertario y también exabogado del presidente Javier Milei— ya se encuentra procesado por hechos de corrupción vinculados al desvío en la compra de medicamentos, coimas y otras irregularidades.
Ahora, el fiscal amplió la imputación por nuevos presuntos ilícitos detectados en el manejo de insumos de alto costo dentro de la ANDIS.
Entre ellos aparecen prótesis de alta gama para amputaciones, implantes cocleares, materiales para cirugías complejas y sillas de ruedas motorizadas, elementos destinados a personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas graves en situación de vulnerabilidad.
Lijo avaló la investigación y vienen más citaciones
El juez federal Ariel Lijo respaldó la investigación del Ministerio Público y fijó un nuevo calendario de indagatorias que arrancó este martes con Spagnuolo y Daniel Garbellini, quien lo secundaba dentro de la ANDIS.
En total serán 35 citaciones entre exfuncionarios y empresarios que deberán desfilar por los tribunales de Retiro.
La sospecha judicial apunta a un sistema repetido: compulsas de precios direccionadas y cartelizadas, donde varias firmas simulaban competir entre sí, pero en realidad actuaban coordinadamente para garantizar adjudicaciones ya definidas.
El mecanismo: licitaciones armadas y retornos indebidos
Según la resolución judicial, existía manejo de información privilegiada sobre invitaciones, cotizaciones, órdenes de compra, pagos y exclusión de competidores.
Incluso se investiga la participación de particulares ajenos a la administración pública que habrían intervenido para asegurar beneficios económicos para empresas amigas y retornos indebidos para funcionarios.
Para la Justicia, esto habría vulnerado principios básicos como la transparencia, la igualdad de condiciones y la libre competencia.
Todo, además, en un área especialmente sensible: la asistencia a personas con discapacidad y sectores de extrema vulnerabilidad.
La parte más incómoda del expediente
Los insumos bajo observación eran gestionados desde el Programa Incluir Salud, destinado justamente a personas con discapacidad o enfermedades crónicas graves sin cobertura médica y en situación de pobreza estructural.
Es decir, la sospecha no apunta solo a corrupción administrativa, sino a un presunto negocio montado sobre recursos destinados a quienes más dependen del Estado.
Por ahora, Spagnuolo eligió no hablar.
Pero en Comodoro Py, el silencio rara vez significa tranquilidad.
