Causa ANDIS: Spagnuolo eligió el silencio y la Justicia avanza sobre un presunto fraude millonario
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EL DIARIO digital
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La pulseada judicial por la reforma laboral volvió a inclinarse a favor de la Casa Rosada. La Confederación General del Trabajo sufrió un nuevo revés luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolviera que la demanda contra el Estado Nacional deberá seguir su curso en ese fuero y no en la Justicia Laboral, como pretendía la central obrera.
La decisión representa otro respaldo judicial para el gobierno de Javier Milei en uno de los frentes más sensibles de su programa de reformas: la reestructuración del régimen laboral y el enfrentamiento abierto con los sindicatos.
El fallo fue firmado por los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, integrantes de la Sala IV, quienes confirmaron la competencia del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 12.
En otras palabras: la discusión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma no se dará en el fuero históricamente más cercano a los reclamos sindicales, sino en el ámbito contencioso administrativo federal, donde habitualmente se tramitan las causas contra el Estado.
El conflicto se había desatado cuando el Estado Nacional presentó una inhibitoria para sacar el expediente del Juzgado Nacional del Trabajo y trasladarlo al fuero federal. La estrategia oficial fue impulsada por la Secretaría de Trabajo, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.
Ese planteo primero fue aceptado por la jueza federal interviniente, pero luego rechazado por el magistrado laboral. Ahora, la Cámara terminó alineándose con la postura del Gobierno.
Los camaristas sostuvieron que el caso no se reduce a una simple discusión laboral, sino que involucra materias federales de peso: la potestad del Congreso para definir competencias judiciales, la organización de los tribunales y el funcionamiento institucional del Estado.
Y no se quedaron ahí.
En uno de los tramos más duros del fallo, cuestionaron con fuerza el accionar del juez laboral, al considerar que se apartó del procedimiento legal previsto y generó un "procedimiento deformado" que terminó complicando innecesariamente el expediente.
Para los magistrados, esa maniobra atentó contra la celeridad que exige una causa con fuerte trascendencia institucional y política.
Además, la Cámara ratificó uno de los argumentos clave de la Casa Rosada: las normas que modifican jurisdicción y competencia judicial son de orden público y se aplican de inmediato, incluso sobre causas ya iniciadas, siempre que no afecten actos procesales cumplidos.
Ese punto era central porque la CGT sostenía que los cambios introducidos por la Ley 27.802 no podían aplicarse automáticamente. Pero la respuesta judicial fue tajante: no existe un derecho adquirido a ser juzgado bajo un procedimiento determinado.
El tribunal también subrayó que dentro de la ley cuestionada hay cuestiones claramente federales, como el Fondo de Asistencia Laboral, la participación del Estado Nacional y la definición del fuero competente cuando el propio Estado forma parte del litigio.
Incluso advirtió que una futura sentencia podría impactar sobre trabajadores de organismos públicos nacionales alcanzados por regímenes especiales.
Para el Ejecutivo, esta definición tiene una enorme ventaja política y jurídica: reduce las chances de que la discusión avance en un terreno históricamente más favorable para los sindicatos y concentra el expediente en un ámbito donde el Gobierno suele sentirse más cómodo.
Para la CGT, en cambio, el escenario se complica.
Primero no logró frenar la vigencia de la reforma. Ahora también pierde el terreno judicial donde esperaba dar pelea.
La batalla sigue abierta, pero por ahora el tablero marca una tendencia clara: el Gobierno gana posiciones y la central obrera empieza a quedarse sin margen.
