Hizo una falsa amenaza de bomba en su escuela y ahora su familia deberá pagar $3 millones
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EL DIARIO digital
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La protesta se realizó sobre la calle Alvear, con corte de tránsito en la intersección con Almirante Brown, y dejó en evidencia un malestar que se repite en distintas provincias del país. Carlos Borthiri, vocero de los autoconvocados, fue quien puso en palabras lo que muchos dentro de la fuerza no pueden decir públicamente.
El motivo es simple: los efectivos en actividad tienen prohibido manifestarse por reglamento. Por eso, son los retirados y las familias quienes hoy cargan con la protesta y buscan hacer visible el conflicto ante el Ministerio de Seguridad.
"Un agente que recién ingresa al SPF cobra aproximadamente 850 mil pesos, mientras que un empleado de comercio o un policía de La Pampa ronda los 1.100.000", disparó Borthiri.
La comparación no pasó desapercibida. La Canasta Básica Total ya supera los 1.434.000 pesos, sin contar alquileres, por lo que para muchos trabajadores penitenciarios llegar a fin de mes se convirtió en una misión imposible.
Vivir hacinados y mandar a la familia de regreso
El cuadro se vuelve todavía más dramático en Buenos Aires. Según explicó el referente, muchos efectivos destinados allí terminan enviando a sus familias de regreso a sus provincias porque directamente no pueden afrontar un alquiler.
Mientras tanto, sobreviven en los casinos de las unidades, compartiendo espacios reducidos y en condiciones que calificaron como "inhumanas".
La postal es brutal: agentes federales cuidando cárceles mientras ellos mismos viven prácticamente encerrados en la precariedad.
La obra social, otro infierno silencioso
Pero el problema no termina en los salarios. La crisis sanitaria también golpea fuerte.
Borthiri denunció que actualmente están suspendidos servicios esenciales como Odontología, Kinesiología y parte de la cobertura en farmacias. A eso se suma el corte con el Colegio Médico, que deja a los afiliados sin atención en consultorios privados de toda Santa Rosa.
"Hoy no sabemos si mañana vamos a tener atención o no. Se corta y se reactiva sin aviso porque Nación no paga", explicó.
Para muchas familias, especialmente jubilados con tratamientos permanentes, la incertidumbre médica se volvió otra forma de castigo.
El objetivo: una marcha federal para golpear donde duele
Tras la asamblea, los autoconvocados —que representan a unas 1.500 familias entre activos y retirados en La Pampa— definieron avanzar hacia una protesta de mayor escala: una gran movilización federal a Buenos Aires.
La idea es concentrar a las cinco fuerzas federales frente al Ministerio de Seguridad para presionar políticamente.
"Tenemos que incomodar al poder político", resumió Borthiri.
Aunque reconoció que desde la Secretaría de Política Penitenciaria admitieron el deterioro salarial, la respuesta oficial sigue siendo la misma: no hay margen por la situación fiscal.
La paciencia se agota
El mensaje final dejó más resignación que optimismo.
"En una política de ajuste, el empleado estatal siempre lo sufre más. Estamos esperando una lucecita al final del camino, pero la espera se está haciendo larga", cerró el prefecto mayor retirado.
Mientras tanto, en Santa Rosa y en todo el país, la paciencia penitenciaria parece haber llegado al límite.
