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EL DIARIO digital
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La Cámara de Apelaciones de Nueva York decidió suspender todas las apelaciones vinculadas al caso por la expropiación de YPF. No es un detalle técnico: es una señal política y judicial que, en medio de un litigio multimillonario, juega a favor del país.
El movimiento no es aislado. Se alinea con el reciente fallo que dejó sin efecto la condena que obligaba a Argentina a pagar más de USD 16.000 millones. En términos simples: el tablero cambió, y ahora todo queda en pausa hasta que se definan los próximos pasos de los demandantes.
Según explicó el exprocurador del Tesoro Sebastián Soler, la decisión implica congelar todas las instancias del caso incluyendo el reclamo para que el país entregue acciones de YPF hasta que el fallo principal quede firme. Es decir, nadie avanza pero tampoco retrocede.
Del otro lado, los demandantes no se dan por vencidos. Las sociedades Petersen Energía, respaldadas por el fondo Burford Capital, ya pidieron más tiempo para intentar revertir el golpe. Tienen hasta el 8 de mayo para jugar sus cartas: pueden solicitar una revisión del fallo o escalar directamente a la Corte Suprema de Estados Unidos.
La estrategia es clara: estirar los tiempos y buscar una segunda oportunidad. Pero mientras tanto, el expediente entra en un limbo que favorece a Argentina.
El punto de quiebre fue el fallo del 27 de marzo, cuando la Justicia estadounidense desarmó la sentencia original de USD 16.100 millones. El argumento fue contundente: la jueza Loretta Preska no interpretó correctamente la legislación argentina. Resultado: fallo revocado y caso a revisión.
En este escenario, la suspensión de las apelaciones funciona como una especie de "tiempo muerto" judicial. Le da margen al país y obliga a los demandantes a rearmar su estrategia.
¿Victoria definitiva? Todavía no. Pero sí un respiro clave en una pelea que lleva años y que tiene en juego cifras gigantescas.
Por ahora, Argentina gana tiempo. Y en este tipo de disputas, eso también cotiza.
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