Derechos humanos: curiosidades, historia y datos que marcaron el rumbo de la humanidad
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EL DIARIO digital
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Un fallo judicial volvió a poner en el centro del debate las consecuencias adversas asociadas a la vacunación contra el COVID-19. La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó que la vacuna Sputnik V causó la muerte de una joven de 24 años y ordenó al Estado avanzar con la indemnización correspondiente a su familia.
La víctima fue Melina Agustina Sartori, quien murió en julio de 2021 luego de sufrir un cuadro grave de trombosis días después de recibir la primera dosis de la vacuna en el Orfeo Superdomo de la ciudad de Córdoba.
Según consta en la causa, la joven gozaba de buen estado de salud hasta el 15 de julio de ese año, cuando fue vacunada. Apenas seis días después comenzó con fuertes cefaleas y vómitos que derivaron en una internación de urgencia.
Los estudios médicos detectaron un síndrome de trombosis con trombocitopenia (VITT), una reacción adversa extremadamente poco frecuente pero reconocida a nivel científico, que finalmente provocó su fallecimiento el 29 de julio de 2021.
El tribunal integrado por Liliana Navarro, Graciela Montesi y Eduardo Avalos sostuvo que existían pruebas suficientes para acreditar el nexo causal entre la aplicación de la vacuna y la muerte de la joven.
La causa había dado un giro clave en mayo de 2024, cuando la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas revisó el expediente a partir de nueva evidencia científica y reclasificó el caso como "Relacionado A1", reconociendo formalmente la relación entre la inoculación y el desenlace fatal.
Inicialmente, la familia había encontrado resistencia estatal. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo había rechazado el pedido de reparación económica porque el evento adverso figuraba como "indeterminado".
Sin embargo, la Cámara cuestionó esa postura, revocó el acto administrativo y ordenó al Ministerio de Salud completar el trámite de indemnización en un plazo máximo de 30 días.
La compensación económica prevista equivale a 240 jubilaciones mínimas, conforme a lo establecido por la Ley 27.573, que creó el Fondo de Reparación COVID-19 para casos de efectos adversos graves derivados de la campaña de vacunación.
El fallo marca un antecedente de fuerte impacto jurídico y sanitario, ya que reconoce la responsabilidad estatal en el marco de una política pública de emergencia y valida que la evidencia científica posterior puede modificar decisiones administrativas previas.
Aun así, especialistas remarcan que este tipo de eventos adversos fueron considerados extremadamente infrecuentes durante la campaña global de vacunación contra el coronavirus y que las vacunas tuvieron un rol central para reducir hospitalizaciones y muertes durante la pandemia.
