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EL DIARIO digital
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En una jugada que vuelve a sacudir el tablero político y judicial de la región, El Salvador aprobó la prisión perpetua para menores de 18 años acusados de delitos gravísimos. La medida, impulsada por el presidente Nayib Bukele, marca un punto de no retorno en su ya polémica "guerra" contra las pandillas.
La reforma, avalada por la Asamblea Legislativa de El Salvador con 58 votos sobre 60, elimina de un plumazo el tratamiento diferencial que existía para adolescentes en conflicto con la ley penal. En términos técnicos, introduce la "inaplicabilidad del procedimiento especial juvenil" para casos de homicidio, violación y terrorismo. En criollo: menores que cometan estos delitos podrán enfrentar condenas de por vida.
El endurecimiento no llega aislado. Se inscribe en un modelo de seguridad que Bukele viene ejecutando sin medias tintas desde hace cuatro años, con índices de criminalidad en caída pero también con fuertes cuestionamientos internacionales. Organizaciones de derechos humanos ya hablan de posibles violaciones graves, incluso encuadrables como crímenes de lesa humanidad.
La normativa incluye un matiz: revisiones periódicas para evaluar el nivel de rehabilitación y el riesgo del condenado. Sobre el papel, eso podría abrir la puerta a una "libertad controlada". En la práctica, sin embargo, el mensaje político es otro: tolerancia cero, incluso para menores.
Desde el oficialismo, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, lo resumió sin rodeos: buscan garantizar que estos delincuentes "no vuelvan a ver la luz del sol". Una frase que grafica el tono de una política que prioriza resultados inmediatos por sobre debates jurídicos de largo alcance.
La reforma entrará en vigencia pocos días después de su publicación oficial. Y, como ya es habitual en el experimento Bukele, promete dividir aguas: para algunos, es la receta efectiva contra el crimen; para otros, un avance peligroso sobre derechos fundamentales que podría dejar heridas difíciles de cerrar.
