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EL DIARIO digital
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El Gobierno salió a celebrar como una epopeya jurídica lo que, en el fondo, también es el recordatorio incómodo de un pecado original. El presidente Javier Milei se apoyó en el reciente fallo favorable en Estados Unidos para mostrar gestión, pero detrás del alivio aparece la herida: el error político y legal que detonó el conflicto por YPF.
Porque sí, la Argentina evitó —al menos por ahora— pagar una cifra descomunal. Pero el propio fallo deja claro algo que el relato kirchnerista siempre intentó esquivar: el Estado violó reglas que había aceptado. Y ese detalle no es menor.
El origen: una jugada política que ignoró el contrato
Todo se remonta a 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner avanzó con la expropiación del 51% de YPF. La decisión fue celebrada como un acto de soberanía energética, pero escondía una bomba jurídica de tiempo.
El estatuto de la empresa —vigente desde su privatización— establecía una cláusula clara: quien tomara el control debía lanzar una oferta pública por el resto de las acciones. Y en el caso del Estado, el umbral era explícito: superar el 49% activaba esa obligación.
El entonces funcionario clave, Axel Kicillof, optó por ignorar esa regla. Lo dijo sin rodeos: cumplirla implicaba pagar más, y no estaban dispuestos. Esa decisión, que en su momento fue defendida como pragmática, terminó siendo el corazón de la demanda.
El negocio que se cayó y abrió la puerta al juicio
El conflicto no quedó ahí. El Grupo Petersen —ligado a la familia Eskenazi— había comprado acciones de YPF financiándose con dividendos futuros. Cuando el Estado tomó el control y se cortó el flujo de utilidades, el esquema colapsó.
Las empresas entraron en default, se concursaron en España y, en ese proceso, apareció el verdadero jugador de fondo: Burford Capital, que compró los derechos a litigar contra la Argentina.
Desde entonces, el caso escaló hasta convertirse en una amenaza concreta para las cuentas públicas, con una condena en primera instancia que superaba los 16.000 millones de dólares.
El fallo: alivio económico, incomodidad política
La reciente decisión de la Corte de Apelaciones de EE.UU. cambió el tablero: desactivó esa condena bajo el argumento de que el reclamo no era viable en los términos planteados. Un giro clave que el Gobierno de Milei capitalizó de inmediato.
Pero hay un detalle que no se puede maquillar: los jueces reconocieron que la Argentina incumplió de manera "flagrante" sus compromisos. La diferencia es técnica, pero determinante: esa violación no habilita el tipo de demanda que impulsaron los demandantes.
Es decir, el país se salvó por una cuestión jurídica fina, no porque haya actuado correctamente en el origen.
Milei y el relato: de la herencia al triunfo
En este contexto, Milei construyó un mensaje claro: el presente como reparación del pasado. Habló de "levantar los platos rotos" y destacó la "pericia jurídica" de su equipo, buscando instalar que el Estado ahora sí juega en serio en el plano internacional.
El movimiento no es ingenuo. El oficialismo intenta transformar un fallo técnico en un activo político, mientras vuelve a poner en la mira decisiones del kirchnerismo que, según su narrativa, dejaron al país al borde de un desastre financiero.
Lo que viene
El Presidente ya anticipó que enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Expropiaciones. No es un dato menor: el Gobierno quiere evitar que episodios como el de YPF vuelvan a repetirse.
El fallo trajo alivio, sí. Pero también dejó una advertencia escrita en letra judicial: cuando el Estado firma reglas y decide ignorarlas, el costo —tarde o temprano— llega.
Y esta vez, la Argentina zafó. La próxima, nadie garantiza lo mismo.
