Berhongaray pidió priorizar acuerdos programáticos y fortalecer el diálogo político en La Pampa
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EL DIARIO digital
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El fútbol argentino vuelve a quedar en el centro de la tormenta política. El Gobierno nacional dispuso una veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y designó interventores que durante los próximos 180 días hábiles tendrán la misión de revisar balances, contratos y documentación administrativa de la entidad que conduce Claudio Tapia.
La decisión fue formalizada por el Ministerio de Justicia de Argentina, tras un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo encargado de controlar asociaciones civiles en la Ciudad de Buenos Aires. La resolución abre un proceso de auditoría que, aunque se presenta como técnico y administrativo, se da en medio de un clima político cada vez más tenso alrededor del manejo del fútbol.
Una auditoría con alcance amplio
Los veedores designados tendrán amplias facultades para meterse de lleno en los números de la AFA. Entre sus tareas principales estarán revisar los estados contables de la institución, analizar contratos firmados con empresas privadas y examinar distintas operaciones administrativas realizadas en los últimos años.
La auditoría también pondrá bajo la lupa la creación de la denominada Universidad de la AFA, un proyecto institucional impulsado por la dirigencia actual que despertó interrogantes dentro del organismo de control.
Desde la IGJ sostienen que la medida se tomó luego de reiterados pedidos de información que —según argumentan— no fueron respondidos adecuadamente por la conducción de la entidad.
Un informe que puede escalar el conflicto
Durante el período de veeduría, los interventores deberán recopilar documentación, evaluar la consistencia de los balances y detectar posibles irregularidades. El resultado de ese trabajo quedará plasmado en un informe final que podría abrir un abanico de consecuencias.
Entre los escenarios posibles figuran sanciones administrativas, exigencias de regularización institucional e incluso la posibilidad de que se impulsen acciones judiciales si se detectaran inconsistencias graves.
La decisión agrega un nuevo capítulo a la disputa entre el Gobierno y la dirigencia del fútbol argentino, un terreno donde los intereses deportivos, económicos y políticos suelen entrelazarse con intensidad. Durante los próximos seis meses, la AFA jugará un partido fuera de la cancha: el de demostrar que sus números y su estructura institucional resisten la revisión del Estado.
