La confianza en el Gobierno registró una leve baja en febrero, pero mantiene estabilidad histórica
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EL DIARIO digital
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Mientras la comisión oficialista reporta miles de casos procesados y libertades plenas, el Foro Penal confirma 109 excarcelaciones desde el inicio del proceso. La normativa exige una revisión judicial individualizada para cada beneficiario.
La implementación de la Ley de Amnistía en Venezuela, impulsada por el Gobierno de Delcy Rodríguez, ha generado reportes contradictorios sobre el alcance real de las liberaciones. Según el jefe de la comisión parlamentaria de seguimiento, Jorge Arreaza, el sistema judicial ya ha procesado una cifra significativa de solicitudes, mientras que las organizaciones no gubernamentales mantienen un registro considerablemente menor de excarcelaciones efectivas.
Los datos de la Comisión Parlamentaria
De acuerdo con el balance ofrecido por Arreaza, el ritmo de aplicación de la norma ha sido "extraordinario". Los puntos clave de su informe incluyen:
Solicitudes recibidas: Se han procesado 4.293 pedidos de amnistía ante los tribunales competentes.
Libertad plena: Aproximadamente 3.000 personas que se encontraban bajo régimen de libertad condicional habrían obtenido la libertad plena tras la anulación de sus sentencias o el sobreseimiento de sus causas.
Excarcelaciones recientes: El oficialismo reporta un total de 179 personas que habrían abandonado los centros de reclusión bajo el amparo de esta ley.
El contraste con el reporte del Foro Penal
Por otro lado, el Foro Penal, organización dedicada al monitoreo de la situación de los presos políticos en el país, ofrece una lectura distinta del proceso. Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG, informó a través de sus canales oficiales que el número verificado de liberaciones asciende a 109 personas desde el pasado 20 de febrero.
Esta diferencia de cifras pone de manifiesto la complejidad del proceso de amnistía, el cual no opera de forma automática.
Mecanismo de aplicación de la norma
La Ley de Amnistía promulgada el 19 de febrero establece un protocolo obligatorio para los beneficiarios:
Petición formal: Los interesados deben acudir a las instancias judiciales correspondientes.
Revisión de causa: Cada expediente es analizado individualmente para determinar si encuadra en los supuestos de la ley.
Resolución judicial: Un juez debe dictar formalmente el sobreseimiento o la anulación de la sentencia para que el beneficio sea efectivo.
Esta metodología implica que, aunque existan miles de solicitudes en trámite, la concreción de las libertades depende de la celeridad del aparato judicial y de la interpretación técnica de cada caso.
