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EL DIARIO digital
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El juez federal Sebastián Casanello dispuso el procesamiento de la empresa vinculada al broker Héctor Martínez Sosa, allegado al expresidente Alberto Fernández, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante la anterior administración nacional. La firma Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A. fue acusada por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y quedó sujeta a un embargo que supera los 2.870 millones de pesos.
La resolución judicial alcanza además a otras seis empresas intermediarias del sector asegurador y a un exfuncionario que se desempeñó en la Quinta Presidencial de Olivos. El fallo describe un esquema de intermediación con Nación Seguros que habría permitido el cobro de comisiones de elevado monto a partir de contratos celebrados con organismos estatales entre diciembre de 2019 y, al menos, marzo de 2024.
La decisión fue adoptada por Casanello en los últimos días de su subrogancia al frente del Juzgado Federal Nº 11, donde se tramita la causa. En ese contexto, el magistrado resolvió la situación procesal de ocho personas jurídicas y de Hugo Daniel Rodríguez, quien integró el círculo de confianza del entonces presidente durante su gestión.
Además de la empresa de Martínez Sosa, fueron procesadas como partícipes necesarias del delito de negociaciones incompatibles con la función pública las firmas Bachellier S.A., con un embargo superior a los 9.669 millones de pesos; Bri Broker S.A., por más de 851 millones; TG Broker S.A., con un embargo de 2.190 millones; San Germán Seguros S.A., por más de 6.582 millones; y San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A., con una medida cautelar que supera los 1.872 millones de pesos. En estos dos últimos casos, además, se incorporó la imputación por cohecho activo, ante la presunta entrega de sobornos.
También fue procesada la empresa San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, aunque únicamente por el delito de dádivas, con un embargo fijado en más de 7.866 millones de pesos. En cambio, el juez dictó la falta de mérito respecto de Levelar S.A., al considerar que las pruebas reunidas hasta el momento no resultan suficientes para avanzar con un procesamiento ni para disponer su sobreseimiento.
En el plano individual, Casanello procesó a Hugo Daniel Rodríguez, exadministrador de la Residencia Presidencial de Olivos, a quien se le atribuyen los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública —como partícipe secundario— e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en calidad de autor. Sobre él pesa un embargo cercano a los 788 millones de pesos.
En su resolución, el magistrado sostuvo que las empresas investigadas obtuvieron beneficios económicos como consecuencia de maniobras ilegales realizadas por personas físicas que las representaban, ya sea de manera formal o informal. Además, señaló que las firmas no implementaron mecanismos eficaces para prevenir hechos de corrupción, omitieron denunciar las irregularidades y carecieron de programas de integridad y sistemas de control interno adecuados.
El juez remarcó también que ninguna de las compañías imputadas restituyó los beneficios presuntamente obtenidos de forma indebida, pese a los riesgos evidentes que implicaban las contrataciones con organismos estatales y con Nación Seguros, la aseguradora pública involucrada en la investigación.
La denominada "causa Seguros" ya había generado un fuerte impacto político en noviembre pasado, cuando la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Alberto Fernández por los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. En aquel fallo, los camaristas señalaron que existían indicios suficientes para sostener que el entonces mandatario habría intervenido en favor de intereses privados ligados a su entorno más cercano.
Según lo expuesto por el tribunal de alzada, la centralización de las pólizas de seguro del Estado en Nación Seguros, a partir de un decreto firmado por Fernández, provocó una expansión significativa del volumen de negocios asociados. Esa situación, indicaron, habría sido aprovechada por intermediarios privados con la participación de funcionarios de la aseguradora estatal y la actuación coordinada de brokers vinculados a Martínez Sosa.
