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EL DIARIO digital
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El oficialismo puso en marcha la estrategia para negociar la modernización laboral, con foco en el impacto fiscal y diferencias internas sobre cómo responder a los reclamos provinciales.
El proyecto de reforma laboral que impulsa la Casa Rosada será el eje central de las negociaciones políticas del oficialismo en las próximas semanas. Con ese objetivo, el Gobierno reunió por primera vez en el año a la Mesa Política, el ámbito donde se definen las principales líneas de acción del Ejecutivo.
El encuentro se extendió por algo más de dos horas y fue encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su despacho de la planta baja de la Casa de Gobierno. Participaron también el asesor presidencial Santiago Caputo; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el secretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem.
La principal novedad fue la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, quien suele participar solo en reuniones puntuales. En este caso, su intervención estuvo vinculada al impacto fiscal de la reforma, en particular a la baja de recaudación derivada de la reducción de tramos del impuesto a las Ganancias para sociedades, un punto sensible para las provincias por su efecto en la coparticipación.
Caputo participó durante la primera mitad del encuentro y fue el primero en retirarse. El resto de los funcionarios continuó analizando la agenda y otras medidas que no trascendieron, en línea con el carácter reservado que el Gobierno le asigna a la Mesa Política.
Según admitieron fuentes que participaron de la reunión, aún no hay una postura unificada sobre cómo encarar la negociación con los gobernadores. Conviven posiciones más flexibles, dispuestas a contemplar pedidos provinciales, con otras que impulsan una estrategia de mayor firmeza.
Uno de los planteos que sobrevoló la mesa fue el del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien solicitó que, solo durante 2026, el Estado nacional compense la eventual merma de coparticipación que genere la reforma. Desde el Gobierno, un funcionario de peso respondió que no cederán en ese punto: "Lo que se pierda por recaudación se va a recuperar con empleo y crecimiento".
En la misma línea se expresó Santilli tras reunirse con Cornejo. "Es verdad que hay un 0,15% que impactaría en las provincias en 2027 por la modernización laboral y la baja de impuestos. Pero cada 400.000 trabajadores formalizados, recuperás ese 0,15%", afirmó.
Otras voces del oficialismo, sin embargo, advirtieron que es prematuro fijar una estrategia rígida y pidieron no anticipar definiciones antes de avanzar en las conversaciones con las provincias.
El Gobierno justifica la reforma en los niveles de informalidad laboral, que alcanzaron el 43,2% en el segundo trimestre de 2025, con especial impacto entre los jóvenes de hasta 29 años. Además, sostiene que la modernización laboral es una señal clave para el mercado sobre el rumbo de las reformas estructurales.
En el entorno presidencial aseguran que la reforma "va a salir" y que se trata de una prioridad para Javier Milei, quien la considera un paso necesario antes de avanzar con la reforma tributaria y, más adelante, con la previsional.
En el corto plazo, este viernes comenzará a funcionar en el Senado una comisión técnica encabezada por Josefina Tajes, que trabajará con los bloques aliados y analizará las objeciones planteadas por la CGT y entidades empresarias, con el objetivo de allanar el camino para la sanción de la ley.
