Cuántos eclipses habrá en 2026 y desde dónde se podrán ver
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EL DIARIO digital
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El juicio por la expropiación de YPF sumará este jueves un nuevo capítulo en los tribunales de Nueva York, donde la Argentina enfrenta una condena en primera instancia por US$16.100 millones más intereses. Los beneficiarios de la sentencia presentarán un escrito ante la jueza Loretta Preska para solicitar que el país sea declarado en desacato y se le apliquen sanciones.
El planteo será impulsado por los fondos Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital, quienes sostendrán que la Argentina incumplió una orden judicial vinculada al proceso de discovery. En ese marco, alegarán demoras y una entrega incompleta de correos electrónicos y comunicaciones por servicios de mensajería —como WhatsApp— de funcionarios y exfuncionarios.
Según los demandantes, ese supuesto incumplimiento justificaría la aplicación de sanciones. La defensa argentina, en cambio, presentará su respuesta el 19 de febrero, con el objetivo de frenar la ofensiva mientras avanza con una apelación considerada clave para su estrategia.
El conflicto se centra en una orden de Preska que obliga al país a producir comunicaciones digitales de determinados funcionarios, tanto de la actual gestión como de períodos anteriores. De acuerdo con información oficial, la mayoría de los involucrados ya habría cumplido con el requerimiento, aunque al 12 de enero restaban seis funcionarios que aún no habían entregado ese material. Así lo explicó Sebastián Maril, de Latam Advisors, quien sigue el caso en los tribunales del exterior.
Para los fondos demandantes, ese punto es central para sostener la acusación de desacato. Para el Gobierno, en cambio, se trata de comunicaciones de carácter personal protegidas por la Constitución, lo que invalida el reclamo.
Desde la Procuración del Tesoro, a cargo de la defensa argentina, rechazaron la acusación y aseguraron que "la República Argentina está cumpliendo con todas las decisiones judiciales vigentes". Además, remarcaron que ninguna declaración de desacato puede tener efectos hasta que el país ejerza plenamente su derecho a defensa y la jueza analice el fondo de la cuestión.
En ese contexto, recordaron que la orden que obliga a revisar dispositivos y cuentas personales ya fue apelada ante la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York. Esa apelación, presentada en octubre, es considerada estratégica por el Gobierno, que sostiene que la exigencia es ilegítima tanto bajo el derecho argentino como bajo el estadounidense. En los últimos días, la defensa reforzó sus argumentos ante la Cámara con el objetivo de revertir esa orden y debilitar el principal sustento del pedido de sanciones.
