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EL DIARIO digital
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Un hombre de 26 años fue condenado a muerte en Irán tras haber sido detenido por participar en las protestas que sacuden a la República Islámica desde fines de diciembre, según informó la Organización Hengaw para los Derechos Humanos.
De acuerdo con el reporte, la familia de Erfan Soltani fue notificada de que el joven será ejecutado este miércoles, aunque las autoridades no precisaron cuándo se realizó el juicio ni cuáles fueron los cargos formales en su contra. El caso se inscribe en un contexto de fuerte represión estatal frente a las manifestaciones.
Activistas y un funcionario del propio régimen informaron que al menos 2.000 personas —incluidos miembros de las fuerzas de seguridad— murieron durante las protestas, en la primera ocasión en que las autoridades reconocen una cifra de víctimas fatales de esa magnitud. En paralelo, y tras varios días de aislamiento, los iraníes pudieron restablecer comunicaciones con el exterior desde sus teléfonos celulares, lo que permitió conocer con mayor detalle la situación interna.
La ola de protestas, impulsada por la grave crisis económica, representa el mayor desafío interno para las autoridades clericales en al menos tres años y ocurre en un escenario de creciente presión internacional, luego de los ataques israelíes y estadounidenses del año pasado.
El caso de Erfan Soltani
Según Hengaw, Soltani fue arrestado el jueves pasado en su residencia privada, en relación con las protestas registradas en Fardis, Karaj, al oeste de Teherán. Hasta el momento, no se identificó qué autoridad llevó adelante la detención. Apenas cuatro días después, la familia fue informada de que la ejecución ya había sido programada.
"Nunca hemos sido testigos de un caso que avanzara tan rápido", sostuvo Awyar Shekhi, integrante de Hengaw, en declaraciones a la BBC. "El gobierno está utilizando todas las tácticas que conoce para reprimir a la población y sembrar el miedo", agregó.
La organización denunció que el proceso constituye una violación del derecho internacional, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por las Naciones Unidas en 1966, que garantiza derechos fundamentales como el acceso a un juicio justo.
Hengaw indicó además que la hermana de Soltani, abogada, intentó intervenir por vías legales, pero las autoridades le impidieron acceder al expediente. "La imposición y la ejecución prevista de una condena a muerte en condiciones en las que al acusado se le ha negado el acceso a un abogado, a una defensa efectiva y a un juicio independiente e imparcial equivale a una ejecución extrajudicial", advirtió la organización.
Finalmente, el organismo expresó su preocupación por el "creciente uso de juicios sumarios y ejecuciones" contra personas detenidas en el marco de las recientes protestas, y alertó sobre el agravamiento de la situación de derechos humanos en el país.
