El Gobierno celebró el dato del INDEC y afirmó que "es el único camino para erradicar definitivamente la inflación"
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, autorizó el análisis exhaustivo de más de una decena de teléfonos celulares secuestrados en la investigación por presunto lavado de activos que tiene bajo la lupa a la firma Sur Finanzas. La medida apunta a reconstruir comunicaciones, movimientos y posibles nexos entre los involucrados.
La decisión se adoptó a partir de un planteo de la fiscal federal Cecilia Incardona, quien solicitó que la información extraída de los dispositivos sea revisada en profundidad para detectar "cualquier tipo de dato que resulte de interés" para el avance de la causa.
El expediente reúne cerca de 40 teléfonos incorporados como prueba. En esta primera etapa, el peritaje se concentrará en 14 aparatos considerados prioritarios, entre ellos el de Ariel Vallejo, empresario con vínculos con el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y el de su madre, Graciela Vallejo, quien figura formalmente como presidenta de Sur Finanzas.
Según consta en la investigación, el esquema bajo sospecha se habría basado en el otorgamiento de préstamos por montos superiores a los realmente requeridos por distintas instituciones. De ese modo, se firmaban contratos por cifras infladas que permitían convertir dinero ilegal en fondos declarados, mientras la diferencia retornaba a la financiera para su posterior distribución. Los investigadores analizan si parte de esos movimientos se canalizó mediante derechos de televisación o ingresos por marketing.
En el marco de la causa se investiga la posible participación de 17 clubes: Independiente, Racing Club, San Lorenzo, Barracas Central, Acassuso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
Con anterioridad, la fiscalía había solicitado el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todas las instituciones involucradas y avanzar de manera individual sobre cada una para establecer el rol que pudieron haber tenido dentro del circuito investigado. Durante los allanamientos, la Policía Federal secuestró documentación administrativa, contratos, computadoras y otros dispositivos electrónicos.
La pesquisa también se extiende a un grupo de monotributistas que, según informes de la DGI, no contarían con capacidad económica real y habrían movido cifras millonarias a través de billeteras digitales y cuentas vinculadas a Sur Finanzas. Los reportes describen a estos contribuyentes como "apócrifos" y señalan inconsistencias entre sus declaraciones y los montos operados.
Los movimientos bajo análisis incluyen transferencias virtuales por decenas de miles de millones de pesos, operaciones en efectivo por cifras millonarias y transacciones directamente asociadas a la financiera investigada. En paralelo, la Justicia dispuso embargos preventivos y medidas para preservar bienes de Vallejo y de personas de su entorno, además de comunicaciones al Banco Central, la UIF, la Comisión Nacional de Valores y el Mercado de Valores, con el objetivo de detectar activos y evitar maniobras de vaciamiento.
