El Gobierno apelará el fallo que suspendió la aplicación del protocolo antipiquetes

El Ejecutivo recurrirá a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para revertir la decisión del Juzgado N° 11, que cuestionó la legalidad del procedimiento. Sostiene que la medida es legítima y garantiza derechos constitucionales.

El Gobierno nacional apelará en los próximos días el fallo que ordenó dejar de aplicar el protocolo antipiquetes en las manifestaciones. La resolución fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo de Martín Cormick, y cuestiona la legalidad del procedimiento impulsado por el Ministerio de Seguridad.

Según confirmaron fuentes oficiales, el Ejecutivo presentará el recurso ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal con el objetivo de sostener la validez y continuidad del protocolo, que se aplica desde el inicio de la actual gestión.

Desde el Gobierno afirmaron que los operativos "garantizan la paz social" y rechazaron que carezcan de legitimidad, tal como sostuvo el magistrado en su sentencia. "El 70% de los argentinos está a favor del protocolo. Se va a apelar. No vamos a dar un paso atrás", señalaron desde la Casa Rosada.

Cormick hizo lugar a una acción de amparo y consideró que el protocolo presenta vicios en su conformación legal, al entender que el Poder Ejecutivo se atribuyó facultades que la Constitución Nacional reserva al Congreso. El fallo se dictó a partir de una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En la resolución, el juez sostuvo que la Resolución 943/2023, mediante la cual se puso en marcha el protocolo, implicó un intento del Ministerio de Seguridad de legislar sobre materia penal y procesal. Cabe recordar que, en marzo pasado, el propio Cormick había rechazado suspender estos operativos y asistió personalmente a una manifestación de jubilados para supervisar su implementación.

Desde el Ejecutivo negaron que el protocolo avance sobre competencias legislativas y aseguraron que la Justicia "ya ha validado" su aplicación en reiteradas oportunidades, cuando se plantearon cuestionamientos de constitucionalidad. Además, remarcaron que el procedimiento no limita el derecho a la protesta, sino que "ordena la metodología" en la que se ejerce.

El Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, emitió un comunicado en el que confirmó que apelará el fallo y advirtió que, si se deja sin efecto la herramienta, "vuelve el caos". En el texto, la cartera señaló que el protocolo es "legítimo", cuenta con "fundamentos técnicos, jurídicos y operativos" y permitió "garantizar la libre circulación".

Monteoliva también se refirió al tema a través de un mensaje publicado en la red social X, donde consideró que el fallo responde a "la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina".

En la misma línea se expresó la exministra de Seguridad y actual diputada Patricia Bullrich, quien sostuvo que la metodología "fue validada por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos", y cuestionó el alcance de la decisión judicial.