La CGT advirtió sobre una eventual judicialización de la reforma laboral que impulsa el Gobierno

La CGT celebró este lunes la decisión del oficialismo de postergar hasta febrero el tratamiento de la reforma laboral en el Senado y consideró que se trató de un "gran triunfo táctico" para los trabajadores. Al mismo tiempo, advirtió que si el proyecto avanza sin consensos podría derivar en una judicialización por presuntas violaciones a conceptos constitucionales.

"Van a tener muchos líos. Esta reforma tiene violaciones a conceptos de carácter constitucional y a la vuelta de la esquina se van a chocar contra otra pared de nuevo", afirmó Jorge Sola, integrante del triunvirato de conducción de la central obrera, en declaraciones a radio Rivadavia. En ese sentido, atribuyó la postergación a la presión sindical, al trabajo político previo y a la falta de votos suficientes en la Cámara alta.

"Postergar la reforma laboral es un gran triunfo táctico de los trabajadores, coyuntural", sostuvo el dirigente, y remarcó que el debate de fondo seguirá abierto. En su análisis, la decisión del Gobierno estuvo ligada a la movilización sindical de la semana pasada y a gestiones previas ante distintos actores políticos. Según relató, antes de la protesta hubo "un trabajo silencioso y productivo con gobernadores, senadores y diputados de todos los sectores políticos" para exponer las consecuencias del proyecto del Ejecutivo. También indicó que esas advertencias fueron planteadas a la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

"Debatir esto entre gallos y medianoche era un error y se tomó nota de ello", afirmó Sola. Según señaló, varios senadores manifestaron disidencias totales o parciales y el oficialismo advirtió que no contaba con los números necesarios para aprobar la reforma en los términos originales. "Se dieron cuenta de que no tenían los números para sacarla como querían", remarcó.

La confirmación de que la reforma laboral se tratará recién en febrero se conoció el jueves pasado, pese a que el proyecto obtuvo dictamen en comisión. Desde el Gobierno explicaron la decisión en la necesidad de priorizar la aprobación del Presupuesto 2026 y de ganar tiempo para analizar modificaciones propuestas por aliados y otros bloques. Bullrich sostuvo públicamente que los apoyos están garantizados y que la postergación responde a la voluntad de "receptar todos los cambios" sugeridos.

Desde la CGT, Sola reclamó que el Ejecutivo amplíe la convocatoria. "Es absolutamente necesario que el Gobierno escuche todos los sectores, no solamente al de los trabajadores", planteó. Aclaró que la central obrera mantiene una "mirada propositiva" sobre aspectos de la modernización laboral, pero advirtió que, tal como está formulado, el proyecto "no va a mejorar la situación laboral de los trabajadores".

El dirigente sindical también vinculó su rechazo con un diagnóstico económico y social. Según afirmó, en los últimos dos años se perdieron más de 18.000 pymes y unos 200.000 empleos formales. "Todos los días cierran 30 pymes y todos los días hay 400 trabajadores menos", aseguró, y atribuyó ese proceso a la falta de inversión productiva y a la ausencia de un proyecto económico que contemple al entramado productivo.

En esa línea, sostuvo que los cambios en las reglas laborales entre empleadores y trabajadores no generan empleo por sí mismos y que la clave pasa por la inversión y la estructura tributaria. "Si querés abrir una pyme se te va entre el 30 y 40% en impuestos provinciales, nacionales y tasas municipales", afirmó, y cuestionó que se intente financiar mecanismos de despido con recursos previsionales. También recordó que la baja de impuestos fue uno de los ejes del discurso con el que el actual Gobierno llegó al poder.