"Ahora sé que tengo la responsabilidad de ser una mejor persona": Chano habló de sus adicciones, la culpa y su proceso de reconstrucción
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EL DIARIO digital
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que recibió 238.720 dólares incautados al empresario Lázaro Báez de distintas cuentas y poco más de 4 millones de pesos provenientes de la subasta de dos aviones. La transferencia fue ejecutada por el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), a cargo de Néstor Costabel, como parte del proceso para avanzar con el decomiso de bienes hasta cubrir más de 60 millones de dólares en el expediente conocido como "Ruta del dinero K".
A comienzos de este mes, la Corte puso en marcha el operativo para devolver al Estado el dinero y los bienes decomisados a nombre del empresario condenado. En esa línea, dispuso que se proceda a "su inscripción registral bajo la titularidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", en el marco de las previsiones de los artículos 23 y 305 del Código Penal y 522 del Código Procesal Penal.
De acuerdo con la condena dictada en abril de 2021 por el TOF 4, los montos alcanzados por el decomiso ascienden a aproximadamente 61,13 millones de dólares, distribuidos en varias partidas: 54,87 millones, 5 millones, 307.994 y 950.000 dólares. A esos importes se suman montos en pesos argentinos por alrededor de 4,17 millones, con actualización por inflación según el índice del INDEC, de acuerdo con lo detallado en el proceso.
La sentencia original estableció que, una vez firme, se procedería a ejecutar los decomisos sobre los bienes embargados. Esa decisión fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en febrero de 2023 y, finalmente, por la Corte Suprema en mayo de 2025, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, al rechazar los recursos presentados por los condenados.
El avance del decomiso tuvo controversias cuando el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 575/2025, que creó un Consejo de Bienes Recuperados bajo la órbita del Ministerio de Justicia para intervenir en la supervisión de esos activos. En ese contexto, la Corte ya había fijado que corresponde a los jueces penales administrar estos procedimientos.
Ante esa situación, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) presentó una demanda al considerar que existía una intromisión en competencias del Poder Judicial. En octubre, el juez federal Pablo Cayssials concedió una medida cautelar que frenó la aplicación del decreto al entender que alteraba el sistema de gestión de bienes ilícitos y afectaba la autonomía de la Corte Suprema y su autarquía presupuestaria.
Durante la instrucción, la Justicia dio por acreditada la existencia de una organización criminal que entre diciembre de 2010 y abril de 2013 realizó maniobras de lavado de dinero vinculadas principalmente con el manejo de Austral Construcciones, a través de la financiera SGI, mediante un entramado con operaciones en el país y en el exterior. Según se estableció, esas maniobras incluyeron la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso por un total de USD 54.872.866,69.
En la reconstrucción del circuito, se indicó que el dinero depositado en el extranjero ingresaba a cuentas de bancos internacionales, generalmente con bajos controles fiscales, a nombre de otras personas jurídicas. Luego se adquirieron bonos de deuda pública que fueron liquidados en la plaza local, con la simulación de una inversión de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de Austral Construcción S.A.
Además del tramo conocido como "La Rosadita", el tribunal tuvo por acreditadas maniobras de lavado independientes, como la compra de un campo en Mendoza (estancia "El Carrizalejo") y de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, situado en avenida Del Libertador, por Leonardo Fariña. También se mencionaron el pago de gastos del casamiento de Fariña con Karina Jelinek y la adquisición de autos de lujo (Ferrari California, BMW X6 y Audi R8 Syder), con intervención de Carlos Juan Molinari y Daniel Alejandro Bryn.
