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EL DIARIO digital
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La Asociación de Magistrados y Funcionarios cuestionó artículos de la "Ley de Modernización Laboral" enviada al Senado y declaró el estado de alerta.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional rechazó el proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el Gobierno al considerar que, de manera implícita, deroga la vigencia de la Justicia Nacional del Trabajo. La postura fue expresada mediante un comunicado difundido tras el ingreso de la iniciativa al Senado para su tratamiento en sesiones extraordinarias.
En el texto, los jueces manifestaron su rechazo "de manera categórica" a las modificaciones incluidas en el proyecto denominado "Ley de Modernización Laboral" y advirtieron que algunos artículos son "tendientes a la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo".
El comunicado lleva la firma del presidente de la entidad, el juez Andrés Basso, y de la secretaria María Carolina Ocampo. Allí se califica de "inadmisible" la redacción de los artículos 90 y 91 del proyecto y de "todos aquellos allí propuestos que impliquen atentar contra la vida del fuero nacional citado".
El artículo 90 establece: "Los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia. El apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones".
Desde la Asociación señalaron que, si bien los magistrados deben respetar los principios emanados de la Corte Suprema, cuentan con independencia para resolver los casos según su criterio, y recordaron que existe una doctrina consolidada que impide promover juicios políticos por el contenido de una sentencia.
El mayor cuestionamiento se concentró en el artículo 91, que dispone: "Vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo. La Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez formalizado dicho acuerdo, se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos".
La transferencia de competencias entre la justicia nacional y la de la Ciudad de Buenos Aires es un proceso iniciado hace tres décadas, tras la reforma constitucional de 1994 y la aprobación de la Constitución porteña. En los últimos años, avanzó a partir del fallo "Levinas" de la Corte Suprema, que estableció que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad debe revisar las decisiones de la justicia nacional civil, comercial, laboral y penal.
Los jueces nacionales han resistido la aplicación de ese fallo al considerar que subordina a los tribunales nacionales a la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia porteño. En ese contexto, advirtieron que la redacción actual del proyecto de ley vuelve a poner en riesgo la continuidad del fuero laboral nacional.
"Instamos una vez más a que cualquier modificación que se pretenda introducir lo sea dentro de un marco de respeto a las instituciones que garantice la independencia judicial y el no avasallamiento de los fueros nacionales", señalaron en el comunicado.
Finalmente, la Asociación informó que se encuentra en "estado de alerta permanente", mientras analiza "acciones a adoptar" y mantiene comunicación con los miembros de la entidad frente al avance del proyecto impulsado por la gestión de Javier Milei
