Magistrados rechazaron el proyecto de reforma laboral y advirtieron que pone en riesgo el fuero laboral nacional
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
La masacre en la playa de Bondi dejó al descubierto fallas en los controles: uno de los agresores había estado bajo la lupa de inteligencia y las armas utilizadas estaban registradas legalmente a nombre de su padre.
Australia intenta digerir uno de los ataques más sangrientos de su historia reciente. El atentado perpetrado el domingo en la playa de Bondi, en Sídney, durante una celebración de Janucá, dejó al menos 16 muertos y decenas de heridos, y abrió una serie de interrogantes sobre los antecedentes de los atacantes y el acceso legal a armas de fuego.
Los presuntos autores fueron identificados como un padre y su hijo. El más joven, Naveed Akram, de 24 años, fue detenido tras el ataque y permanece internado bajo custodia policial con heridas graves. Su padre, de 50 años, Sajid Akram, murió tras ser abatido por la policía durante el operativo. Ambos habrían utilizado armas obtenidas de manera legal.
Con el correr de las horas, se conoció un dato clave: el hijo había sido investigado en 2019 por la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad, luego de ser vinculado a personas relacionadas con una célula del Estado Islámico. La pesquisa se extendió durante seis meses y concluyó sin detectar una amenaza concreta o indicios de que pudiera cometer actos violentos.
El padre, en tanto, contaba desde hacía una década con licencia para portar armas y tenía seis registradas a su nombre. Cuatro de ellas —entre rifles y escopetas— fueron secuestradas en el lugar del ataque, mientras que el resto fue hallado durante allanamientos en viviendas del oeste de Sídney.
El ataque ocurrió alrededor de las 18:40 del domingo, cuando los agresores abrieron fuego contra una multitud reunida en el parque Archer, junto a la emblemática playa de Bondi. En el lugar se desarrollaba un acto por el inicio de Janucá, con la asistencia de cerca de mil personas. La respuesta policial fue inmediata y derivó en un tiroteo en el que resultaron heridos dos agentes.
Catorce personas murieron en el lugar y otras dos fallecieron posteriormente en hospitales. Las víctimas tenían entre 10 y 87 años e incluían a una niña, un rabino, un sobreviviente del Holocausto, un ex policía y un ciudadano francés. En medio del caos, un hombre logró reducir a uno de los atacantes tras forcejear con él, evitando una tragedia aún mayor.
Las autoridades declararon formalmente el hecho como "incidente terrorista", lo que permitió activar protocolos especiales y descartar la existencia de una amenaza inmediata adicional. Sin embargo, el impacto social fue inmediato: Bondi amaneció al día siguiente casi desierta, cubierta de flores, velas y mensajes de duelo.
El atentado es el más letal en Australia desde la masacre de Port Arthur en 1996, que marcó un punto de inflexión en la legislación sobre armas. También se trata del primer ataque mortal contra la comunidad judía en el país, en un contexto de creciente preocupación por episodios antisemitas.
Tras el ataque, el gobierno australiano anunció que avanzará en un endurecimiento de las leyes de tenencia de armas. Entre las medidas en análisis figuran mayores controles de antecedentes, restricciones para no nacionales y límites más estrictos sobre los tipos de armas permitidas. La pregunta que sobrevuela el país es incómoda y directa: cómo, pese a los antecedentes y los controles, fue posible llegar a una tragedia de esta magnitud.
