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EL DIARIO digital
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La causa por el Fondo Indígena vuelve a sacudir la política de Bolivia y profundiza la interna entre el arceísmo y el evismo.
Luis Arce, expresidente de Bolivia y exministro de Economía de Evo Morales, fue detenido este miércoles por orden de la Fiscalía en el marco de la investigación por el caso Fondo Indígena, uno de los mayores escándalos de corrupción de las últimas décadas. La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, confirmó el arresto.
Arce está bajo la lupa por un presunto desfalco millonario de recursos públicos destinados a proyectos para comunidades indígenas y campesinas. La trama se remonta a los años en que integraba el gabinete de Morales: según la investigación, habría autorizado desembolsos estatales a cuentas particulares, incluida la de la exdiputada Lidia Patty, hoy detenida en el penal de Obrajes.
El Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino —que administraba el 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos— manejó más de 3.197 millones de bolivianos entre 2006 y 2014, unos 460 millones de dólares. La estructura combinaba ministerios y organizaciones sociales afines al MAS; un esquema que en los papeles prometía participación popular, pero que terminó derivando en controles débiles y discrecionalidad absoluta.
Las irregularidades comenzaron a destaparse en 2015, cuando la Contraloría detectó 153 proyectos inconclusos o directamente inexistentes, con un daño inicial de 71 millones de bolivianos. Auditorías posteriores elevaron la cifra a más de 1.000 proyectos y estimaron un perjuicio superior a los 182 millones de dólares.
El año electoral 2014 profundizó el derrumbe: pese a una deuda acumulada de más de 310 millones de bolivianos, se autorizaron desembolsos por 575 millones, en un contexto de denuncias sobre uso político de los fondos para movilizaciones masivas. La presión derivó en la intervención del organismo al año siguiente.
El estallido definitivo llegó con la denuncia interna del exdirector Marco Antonio Aramayo, quien advirtió sobre proyectos fantasma, sobrecostos y desvíos estructurales. Su muerte bajo custodia estatal abrió un debate nacional sobre responsabilidades institucionales y presuntos abusos en la persecución penal.
La causa que hoy alcanza a Arce se centra en su rol dentro del directorio del Fondo y en su participación en decisiones administrativas clave. La Fiscalía intenta determinar si hubo avales, omisiones o permisos que facilitaron el desvío sistemático de fondos. Aún no se difundió un cálculo del daño atribuible directamente al exmandatario.
La detención ocurre en un escenario político ya convulsionado: el Movimiento al Socialismo atraviesa una fractura profunda entre el sector de Evo Morales y el de Arce, una pelea que desde 2023 no deja de escalar. El avance judicial reordena el tablero y vuelve a exponer la crisis de liderazgo dentro del partido que gobernó Bolivia durante casi todo el siglo XXI.
