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EL DIARIO digital
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Una nueva directiva del Departamento de Estado amplió la facultad de los consulados para denegar solicitudes de ingreso basadas en afecciones médicas que podrían implicar altos costos para el sistema público.
El Gobierno de Estados Unidos incorporó enfermedades crónicas como motivo de rechazo en los trámites de visa, a partir de una disposición firmada por el secretario de Estado Marco Rubio. La medida instruye a los consulados a evaluar la salud de cada solicitante y su eventual impacto financiero para el sistema estatal.
La actualización retoma el principio de "carga pública", que permite negar el acceso a quienes podrían requerir asistencia estatal. Ahora, el criterio se amplía a condiciones como diabetes, obesidad, cáncer o trastornos mentales, contempladas como potenciales generadoras de tratamientos de alto costo. El documento señala que algunas patologías pueden demandar gastos que alcanzan cientos de miles de dólares, lo que convertiría al solicitante en un riesgo económico.
La norma también ordena considerar factores adicionales: edad, cantidad de dependientes y la presencia de necesidades especiales en el grupo familiar. Con ello, los consulados podrán evaluar no solo la situación individual, sino también el eventual impacto del núcleo familiar en los servicios públicos.
Especialistas en inmigración expresaron preocupación por el alcance de la medida. Advirtieron que otorga una amplia discrecionalidad a los consulados para denegar incluso visas de personas con dolencias comunes que nunca habían sido motivo de exclusión. También alertaron por las consecuencias emocionales y económicas para quienes buscan ingresar o residir en Estados Unidos.
Desde la Casa Blanca defendieron la iniciativa y recordaron que la legislación contempla desde hace décadas la posibilidad de negar visas a quienes representen una carga financiera para los contribuyentes. Sin embargo, la expansión del criterio médico reavivó el debate sobre posibles casos de discriminación y nuevas barreras de acceso migratorio.
La directiva ya se encuentra vigente y será aplicada en todos los consulados estadounidenses, mientras continúa el análisis sobre su impacto en solicitantes con enfermedades crónicas o tratamientos prolongados.
