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EL DIARIO digital
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Rechazó el traslado al fuero Civil y Comercial y sostuvo que el Tribunal Oral Federal N°2 debe ejecutar la medida. Casación tiene cinco días para resolver el planteo de la defensa.
El fiscal general ante la Cámara de Casación Penal, Mario Villar, pidió avanzar con el decomiso de bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del empresario Lázaro Báez, al rechazar el intento de trasladar la ejecución al fuero Civil y Comercial. Solicitó que el trámite continúe bajo la órbita del Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
En su dictamen, Villar sostuvo que "el decomiso busca eliminar las ventajas patrimoniales obtenidas de manera ilícita, que podrían incentivar nuevos delitos", y remarcó que el proceso debe seguir en el ámbito penal de Comodoro Py.
La defensa de la exmandataria había cuestionado el monto fijado por la Justicia y el método de cálculo de los peritos, lo que derivó en una nueva dilación. Al respecto, el fiscal explicó que la cifra surge de la "manipulación ilícita de los procesos licitatorios y de los sobreprecios en las adjudicaciones de los contratos de obra pública", investigados en la causa Vialidad.
Villar aclaró que el decomiso "no es una indemnización civil", sino un mecanismo legal para que el Estado recupere los bienes vinculados a hechos de corrupción. "Es la herramienta que posee el Estado para procurarse los bienes que sirvieron para cometer un hecho ilícito o de aquellos que son producto o ganancia de aquél", precisó.
En paralelo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron avanzar con la ejecución de una veintena de inmuebles pertenecientes a la familia Kirchner. Sin embargo, el TOF 2 esperará la definición de la Cámara Federal de Casación Penal antes de resolver.
La Sala IV de Casación —integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña— tiene un plazo de cinco días hábiles para pronunciarse, en una decisión que será clave para destrabar el proceso.
Semanas atrás, el mismo tribunal confirmó que Cristina Kirchner deberá devolver $684.000 millones por los delitos por los que fue condenada en la causa Vialidad, al ratificar la actualización del decomiso según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La defensa había reclamado aplicar la tasa pasiva promedio del Banco Central y reducir la suma a $42.000 millones, pero Casación consideró que la actualización por IPC "preserva el valor real del beneficio ilícito frente a la inflación" y es jurídicamente válida.
El fallo destacó, además, que el decomiso constituye una consecuencia directa y obligatoria de la condena penal, conforme al Código Penal y a los tratados internacionales contra la corrupción.
