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EL DIARIO digital
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El fallo prohíbe su emisión en medios, redes sociales y plataformas digitales tras una denuncia del Gobierno
La Justicia federal ordenó este martes el cese inmediato de la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, grabados en la Casa Rosada y difundidos en los últimos días.
"Decrétase la medida cautelar ordenando, solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025, que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei", señala la resolución compartida por el vocero presidencial, Manuel Adorni.
El portavoz remarcó que la Justicia "reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión".
La decisión responde a la denuncia presentada este lunes por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, en el Juzgado Federal N.º 12. El Gobierno denunció una presunta "operación de inteligencia ilegal" destinada a "desestabilizar al país en plena campaña electoral" mediante la difusión de audios privados, lo que configuraría un "ataque planificado para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia", en violación a la Ley 25.520.
La acusación apunta a una maniobra que habría incluido espionaje ilegal, edición clandestina de grabaciones y su posterior difusión con fines políticos. El canal de streaming Carnaval, en su programa "Data Clave", fue señalado como uno de los espacios donde se difundieron las primeras grabaciones. Su conductor, Mauro Federico, aseguró contar con "más de cincuenta minutos de audios" y anticipó que serían difundidos en etapas.
Desde el Ejecutivo también se mencionan al empresario Pablo Toviggino, vinculado a la AFA; al conductor Jorge Rial; y al abogado Franco Bindi, acusado de mantener nexos con servicios de inteligencia y operadores del kirchnerismo. Todos ellos son señalados como posibles partícipes de una red que tendría por objetivo "afectar variables económicas, alterar la campaña electoral y generar violencia contra funcionarios".
En paralelo a la denuncia judicial, la Casa Rosada investiga si los audios fueron intervenidos digitalmente y si su contenido fue manipulado con fines políticos.
