El PRO salió al cruce de Bullrich y rechazó que exista protección política hacia Adorni: "Es una mirada injusta"
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EL DIARIO digital
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió dejar firme una medida cautelar que obliga al Estado nacional a continuar aplicando dos artículos centrales de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, al rechazar un recurso presentado por el Gobierno de Javier Milei.
El máximo tribunal consideró que la causa todavía no cuenta con una sentencia definitiva, por lo que el planteo del Poder Ejecutivo resultó inadmisible en esta etapa del proceso judicial.
La cautelar seguirá vigente
Con la decisión adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, continúa vigente la medida cautelar dictada por instancias inferiores, que obliga al Estado a cumplir con disposiciones vinculadas a la actualización salarial del personal universitario y al financiamiento de distintos programas del sistema de educación superior.
La resolución no implica una definición sobre el fondo del conflicto, sino que mantiene las condiciones actuales hasta que exista una sentencia definitiva.
Qué reclamaba el Gobierno
El Ejecutivo había solicitado que la Corte revocara la medida cautelar al considerar que afectaba la implementación de su política presupuestaria.
Sin embargo, el máximo tribunal entendió que el recurso no podía prosperar debido a que aún no existe una resolución definitiva sobre la cuestión de fondo, requisito necesario para habilitar su intervención en esta instancia.
Los antecedentes del conflicto
Como parte de las negociaciones mantenidas durante este año, el Gobierno había firmado el 10 de junio un acta compromiso mediante la cual se comprometió a transferir fondos destinados al sistema universitario.
Ese acuerdo contempló una actualización del 24,33% para la masa salarial de las universidades nacionales, un incremento del 20% en las partidas destinadas a gastos de funcionamiento y una ampliación del financiamiento para hospitales universitarios hasta alcanzar los 50.000 millones de pesos.
Un fallo con impacto institucional
Si bien buena parte de esos recursos ya había sido acordada entre las partes y la decisión judicial no genera efectos económicos inmediatos, el fallo representa un respaldo a la vigencia de la normativa mientras continúa el trámite de la causa.
De esta manera, la Corte Suprema dejó firme la cautelar y mantuvo la obligación del Estado nacional de sostener las condiciones previstas en la Ley de Financiamiento Universitario hasta que la Justicia dicte una resolución definitiva sobre el conflicto.
El expediente continuará ahora su recorrido judicial, mientras universidades nacionales y el Gobierno siguen enfrentados por la aplicación de una de las normas más debatidas en materia de educación superior durante el último año.
