Driussi no llega: se pierde el duelo ante Independiente y también quedaría fuera de la ida con Libertad
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
La Casa Rosada busca frenar el avance judicial en EE.UU. y no entregará la información exigida por la jueza Loretta Preska. Apelaciones, tensiones internas y riesgo de sanciones económicas.
El Gobierno argentino entró en modo defensa total en el millonario juicio por la expropiación de YPF y anunció que no entregará los mensajes de los actuales y exfuncionarios Luis Caputo y Sergio Massa, tal como ordenó la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska. La postura oficial es clara: resistir la medida hasta la última instancia judicial.
La Procuración del Tesoro, que lidera la estrategia legal del Ejecutivo, ratificará este martes ante la jueza su negativa a cumplir con el "discovery" —la etapa de recolección de pruebas— que incluye tanto los mensajes como información sobre activos argentinos. En simultáneo, se prepara una nueva apelación para evitar la entrega de datos que podrían ser utilizados por los fondos demandantes para avanzar sobre bienes del Estado.
"No vamos a entregar nada"
Desde la Casa Rosada lo dijeron sin vueltas: "De ninguna forma vamos a entregar información privada de integrantes de la gestión y de exfuncionarios". La orden que bajó la mesa chica presidencial fue taxativa: apelar todo, incluso si hay riesgo de quedar en incumplimiento. "Eventualmente sucederá si nos piden cosas que no vamos a dar", reconocen en voz baja algunos funcionarios.
El argumento jurídico del oficialismo se basa en que la jueza Preska "excedió su jurisdicción" al exigir datos sensibles del Gobierno argentino, incluyendo mensajes privados y detalles de activos. Aseguran además que no habrá ningún tipo de garantía ofrecida mientras la apelación formal del fallo esté en curso.
El riesgo: multas y embargos
Los fondos litigantes —que ya consiguieron un fallo a su favor por USD16.100 millones— buscan demostrar que YPF y el Estado argentino son una misma cosa. Con eso en mano, podrían identificar activos en el exterior y avanzar con embargos. El Gobierno, en tanto, insiste en que no hay negociación posible y prepara su defensa con el foco puesto en evitar que la presión judicial se traduzca en pérdidas concretas.
Por eso, el Ejecutivo también evalúa solicitar una suspensión inmediata de la orden o, si es necesario, llevar el reclamo directamente a la Corte de Apelaciones. Si ese recurso falla, la Casa Rosada ya tiene decidido ir a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Próximas fechas clave
La Corte de Apelaciones ya agendó audiencias orales para la semana del 27 de octubre, justo después de las elecciones legislativas en Argentina, lo que convierte al juicio en un frente judicial de alto voltaje político. Además, la administración de Donald Trump se presentó como amicus curiae en apoyo de la estrategia argentina, una jugada diplomática que podría sumar respaldo a la defensa.
En medio del juicio más costoso de la historia argentina, el Gobierno apuesta a resistir, litigar y demorar todo lo posible. Pero los fondos demandantes no piensan aflojar. La pulseada recién empieza, y el reloj judicial —y político— corre.
