La Pampa

El sector vitivinícola de Mendoza se pronunció en contra de Portezuelo del Viento

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La Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas publicó un escrito en el cual sostienen que «la realización de la obra Portezuelo del Viento de la forma en la que está planteada no aporta nada al combate contra la megasequía que vivimos».

A la espera del aval del presidente de la Nación, Alberto Fernández, para la realización concreción de Portezuelo del Viento, y mientras persisten las dudas en el entorno del Gobierno provincial, la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI) emitió un comunicado en el que fija su posición respecto a la megaobra, bajo el criterio de que «Mejorar el recurso hídrico debe ser la prioridad para Mendoza».

«Hace tiempo se habla sobre la situación de megasequía que atraviesa Mendoza y que, con el paso del tiempo, será más extrema. Este año tuvimos la bendición de contar con nevadas intensas en la última etapa del invierno que nos permitieron aminorar el impacto que los datos y especialistas anticipaban como catastróficos. Lo que viven nuestros hermanos sanjuaninos es la antesala a lo que viviremos si no tomamos medidas urgentes», comienza el escrito.

Y continua: «Es por ello que consideramos que Mendoza debe contar un plan de acción que se transforme en Política de Estado para los próximos 20/30 años donde podamos diagramar políticas públicas de ejecución en el corto, mediano y largo plazo con criterios de priorización económica, social y ambiental. Como representantes del sector agrícola esta iniciativa la hemos propuesto en conjunto con otros consejeros en la Comisión de Aguas del CEAS para ser aprobada urgentemente por el plenario de dicho Consejo».

«¡Tenemos que actuar ya!, mancomunadamente y poniendo los intereses de Mendoza por sobre los intereses particulares. Debemos saber que el futuro de Mendoza está a merced de lo que se defina hacer o no como provincia. En este sentido destacamos y apoyamos la visión de nuestro gobernador con respecto a la revisión del destino de los fondos excepcionales (por única vez en la historia) que están afectados a la obra Portezuelo del Viento, en miras de una utilización eficiente para la concreción de otras obras prioritarias para hacer frente a la realidad anteriormente descripta. Como hemos expresado en otras oportunidades, la realización de la obra Portezuelo del Viento de la forma en la que está planteada no aporta nada al combate contra la megasequía que vivimos», agrega.

«Esta oportunidad de ‘volver a empezar’, justo coincidente con la aceleración de los procesos de Cambio Climático (y la toma de conciencia comunitaria del mismo), nos da la posibilidad de un replanteo más eficiente de las inversiones que Mendoza necesita. Una de ellas es el Trasvase de aguas del Grande al Atuel, el cual aliviaría la crítica situación del Sur y reforzaría el desarrollo y ampliación de la matriz agroindustrial, que tanto tiene por dar a la Provincia, muy emparentada a su vez, a eficientizar la distribución y uso de agua por los usuarios», afirma.

«Además, dicha obra, otorgaría beneficios económicos en cuanto a la generación de energía hidroeléctrica, ampliaría hectáreas productivas en Malargüe junto con mayor mano de obra y servicios relacionados, permitiendo un desarrollo sostenible. Incluso, garantizaría un caudal necesario para continuar el desarrollo del oasis sur. Como también sería de utilidad para optimizar y desarrollar obras complementarias que están en carpeta para hacer frente a la situación crítica que vive la provincia. Son tiempos desafiantes para los poderes públicos y para las organizaciones de la economía. Está en la política el deber de liderar estos cambios. Desde el cooperativismo vitivinícola estamos a disposición para colaborar y trabajar mancomunadamente en vistas del Bien Común de nuestra Provincia», concluye.

La Pampa se opone a la obra. Reclama un estudio de impacto ambiental integral de toda la cuenca. Otras provincias del COIRCO comparten esta postura. Mendoza sostiene que el estudio de ambiental que se hizo cumple con las exigencias legales. El conflicto lo tiene que definir el presidente Alberto Fernández a través de un laudo.

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