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EL DIARIO digital
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El Tribunal Oral Federal N° 5 avanzó con la lectura de la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en el juicio por la causa Hotesur-Los Sauces, en la que están imputados la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo y otros 22 acusados.
Durante la audiencia, el organismo querellante sostuvo que Néstor y Cristina Kirchner montaron una "asociación ilícita de carácter estable y permanente" para beneficiar a empresarios cercanos con contratos de obra pública y recibir parte de esos fondos mediante distintas operaciones de lavado de dinero.
Según la acusación, el mecanismo consistía en transferir y disimular las ganancias obtenidas por esos empresarios a través de préstamos, compras de propiedades, alquileres de complejos hoteleros y contratos de locación. De esa manera, los fondos ingresaban al patrimonio familiar bajo una apariencia de legalidad.
La UIF señaló que cada uno de los 24 imputados habría cumplido una función dentro de la maniobra. En el caso de los expresidentes, sostuvo que utilizaron el poder y las facultades propias de sus cargos, junto con la intervención de funcionarios que dependían de ellos.
La querella identificó dos fuentes principales de financiamiento. Una estaba vinculada con los fondos provenientes de las presuntas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz, a través de las empresas de Lázaro Báez. La otra correspondía al crecimiento de las compañías del Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián De Sousa, mediante contratos de obra pública, explotación hidrocarburífera y juegos de azar, entre otras actividades.
De acuerdo con la reconstrucción presentada, la maniobra comenzó en 2006, cuando Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Máximo Kirchner conformaron la sociedad Los Sauces, cuya presidencia quedó en manos de su hijo. Florencia Kirchner se incorporó posteriormente.
El siguiente paso habría sido incorporar propiedades a la sociedad para utilizarlas como canal de recepción de fondos provenientes de las empresas vinculadas con los empresarios investigados. Esas firmas celebraban contratos de alquiler con Los Sauces que, según la acusación, eran simulados y establecían valores superiores a los precios de mercado.
Para la UIF, el negocio inmobiliario y hotelero permitió introducir dinero proveniente del Estado nacional en el patrimonio de la familia presidencial mediante el pago de alquileres. La acusación sostiene que, entre 2009 y 2016, Los Sauces recibió más de 25 millones de pesos por esas operaciones.
El organismo calificó el mecanismo como un "esquema de corrupción sin precedentes", que se habría extendido durante más de doce años y en el que participaron personas de estrecha confianza de la familia Kirchner.
Más audiencias para acelerar el juicio
Al finalizar la primera parte de la lectura del requerimiento de la UIF, el presidente del tribunal, José Michilini, dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes 13 de noviembre.
Todavía resta completar la exposición de la querella y luego avanzar con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de la causa.
Además, el tribunal analiza incorporar audiencias los miércoles, que se sumarían a las previstas para los lunes y viernes. El objetivo es acelerar la lectura de las acusaciones y evitar que el proceso se extienda o que sea necesario habilitar jornadas durante los sábados.
