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EL DIARIO digital
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El bloque de La Libertad Avanza consiguió este miércoles el dictamen de mayoría para el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo por el asesor Santiago Caputo que endurece las penas y sanciones por la explotación no autorizada de recursos renovables y no renovables en la zona de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur.
La firma del despacho en un plenario de comisiones se destrabó luego de que el oficialismo aceptara introducir modificaciones sustanciales al articulado original, respondiendo tanto a las objeciones planteadas por bloques aliados (PRO, MID y sectores de la UCR) como a los planteos diplomáticos transmitidos directamente por la administración estadounidense. La intención de la conducción parlamentaria libertaria es llevar el dictamen al recinto de la Cámara de Diputados el próximo jueves 12 de noviembre, en una agenda legislativa condicionada por la visita oficial a la Argentina del Papa León XIV.
Guiño a Washington
El capítulo más controversial del proyecto original establecía penas severas, multas y la cancelación de licencias para cualquier firma, proveedora o accionista vinculado a proyectos de explotación ilegal en las islas. El alcance de la norma encendió las alarmas en el ámbito diplomático: el subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, le había manifestado personalmente al presidente Javier Milei la preocupación de la Casa Blanca por los perjuicios que la medida podría infligir a corporaciones y fondos de inversión norteamericanos.
Para desactivar el conflicto y garantizar el respaldo aliado en la Cámara baja, los redactores del dictamen aceptaron acotar las sanciones exclusivamente a las firmas que actúen como operadoras directas, licenciatarias o accionistas mayoritarios. De este modo, quedaron formalmente exceptuados de responsabilidad penal y administrativa los fondos de inversión indirectos y los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% en las compañías infractoras.
Consejo de Seguridad
La iniciativa aprobada ratifica la creación del Consejo de Seguridad Nacional —un órgano de estrategia, inteligencia y defensa presidido por el jefe de Estado e integrado por ministros y secretarios clave—, al que se incorporó a la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Este organismo mantendrá la facultad de auditar y vetar inversiones extranjeras en áreas estratégicas como energía, minería, telecomunicaciones, espacio e hidrocarburos.
Sin embargo, a propuesta del diputado Eduardo Falcone (MID), el oficialismo cedió ante los reclamos de institucionalidad y aceptó crear una Comisión Bicameral de Seguimiento dentro del Congreso. El Ejecutivo estará obligado a notificar a esta comisión parlamentaria, dentro de un plazo de 48 horas, cualquier resolución o medida de seguridad que adopte el nuevo Consejo.
Injerencia extranjera
Asimismo, se redefinió la tipificación de las "campañas de injerencia extranjera" —penadas con 5 a 12 años de prisión para quienes alteren procesos electorales por orden de un Estado exterior—, delimitando su alcance a acciones clandestinas o coercitivas y excluyendo expresamente la labor periodística, la investigación académica y la actividad diplomática regular.
Pese a las concesiones otorgadas por el Gobierno, el dictamen fue firmado con disidencias parciales. Desde los bloques aliados advirtieron que la redacción sobre el rol de las organizaciones no gubernamentales (ONG) continúa siendo confusa, anticipando que si no se introducen nuevas modificaciones durante el debate en particular, varios diputados votarán en contra de los artículos centrales en el recinto.
